Ciudad de México.- El combate contra la piratería digital escaló a terreno penal con una sentencia ejemplar en Reino Unido. Mark Gould, identificado como líder de una red dedicada a la transmisión ilegal de partidos de la Premier League, enfrenta la posibilidad de pasar hasta 21 años en prisión si no devuelve 2.35 millones de libras en un plazo de 3 meses.

El caso expone la dimensión industrial del streaming ilegal. A través del servicio Flawless, la organización operó durante cinco años con una estructura de 30 empleados y una base de 50,000 clientes, generando ingresos superiores a 10 millones de dólares. La sentencia inicial de 11 años se complementa ahora con una orden de confiscación dictada por el Tribunal de la Corona de Derby, que obliga a Gould a devolver las ganancias obtenidas.

Red estructurada

La red no actuaba en la sombra improvisada. Utilizaba múltiples marcas como Shared VPS, Optimal y Cosmic para diversificar operaciones y evitar rastreo. Junto a Gould, otros cuatro implicados deberán reintegrar 1.2 millones de dólares adicionales o enfrentar más tiempo en prisión. En conjunto, las autoridades buscan recuperar cuatro millones de dólares, una de las cifras más altas impuestas en este tipo de delitos en Reino Unido.

La investigación fue impulsada por la propia Premier League en conjunto con la organización antipiratería FACT, en un proceso que se extendió desde 2017. No se trata solo de castigar la distribución ilegal, sino de desmantelar el modelo económico que la sostiene.

En Europa crece la presión judicial contra estas redes, con multas millonarias y condenas que buscan frenar un fenómeno que ya impacta ingresos, derechos de transmisión y ecosistemas deportivos completos. Una encuesta reciente reveló que 47% de más de 5000 usuarios admiten consumir futbol mediante servicios ilegales, una cifra que explica la agresividad de las ligas en los tribunales.

El dinero decomisado no regresa a las víctimas directas. Se distribuye entre el Tesoro, el sistema judicial y las fuerzas del orden, en un esquema que prioriza la recuperación del daño económico y el financiamiento de futuras investigaciones.