La exposición de las masacres y desapariciones forzadas en México ante la Corte Penal Internacional y la Asamblea General de las Naciones Unidas –sobre todo las cometidas en Coahuila–, difícilmente hubiera sido posible sin la participación, el trabajo y el compromiso del obispo de Saltillo Raúl Vera López. Candidato al Nobel de la Paz en 2012 por su defensa de migrantes y grupos vulnerables, luego de haber recibido el premio Rafto que la Fundación homónima concede a quienes protegen los derechos humanos y combaten la opresión, el dominico ha criticado la pasividad de la Iglesia frente a la guerra contra la delincuencia organizada, y su encierro en los templos.

En una entrevista para la revista Magis de la Universidad Jesuita de Guadalajara (ITESO), publicada en diciembre de 2016, Vera parte de la admonición del papa Francisco a la jerarquía católica, hecha en su visita de ese año a México, y su relación con el poder. “Dijo: ‘A ver, (los obispos) no tienen que hacer tratos en lo oscurito, ni tienen que subirse a las carrozas ni a los caballos de los nuevos faraones, y deben ser transparentes’ […] ‘mientras ustedes estén con otro interés, no serán los pastores que Cristo quiere, su interés no será el rebaño de Jesús’”. Respecto a las etiquetas que se le han colgado por su tarea pastoral, como la de “obispo rojo”, la réplica de Vera es tajante: “Yo no quiero estar ni en las izquierdas ni en las derechas, yo quiero estar en la justicia, yo quiero estar en la verdad […], en el amor sobre todo. Quiero ser, aunque me falte de aquí a la estrella más cercana, un hombre de bien. No lo soy, pero sí quiero serlo”.

Desde que el papa Juan Pablo II removió a Vera de una de las diócesis más progresistas del país, la de San Cristóbal de las Casas, donde hizo tándem con Samuel Ruiz, a una de las más conservadoras, el domini canis fue objeto de rechazo por parte del poder económico y el poder político; y más tarde, de persecución y campañas infamantes. No en balde, pues durante sus 20 años como obispo denunció abusos, explotación e injusticias, y acompañó a migrantes, campesinos, obreros, prostitutas y a la comunidad LGBT. El 31 de julio de 2019, antes de entregar el cargo, elementos de la Agencia de Investigación Criminal dispararon contra un grupo de migrantes. El hondureño Marco Tulio Perdomo Guzmán murió delante de su hija de 8 años.

El obispo Vera y la Casa del Migrante –fundada por él– echaron abajo la versión oficial que criminalizaba a la víctima. El 6 de agosto de ese mismo año, tras visitar Saltillo para documentar el caso, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dio a conocer que “la muerte del señor Perdomo Guzmán habría sido consecuencia del uso de la fuerza letal por parte de personal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila que realizaba un operativo”, el cual “no tenía por objeto la realización de control migratorio…”. El 2 de septiembre de 2002, el fiscal Gerardo Márquez ofreció una disculpa pública a la familia Perdomo. Las investigaciones –dijo– se realizaron conforme al Protocolo de Minnesota –como la ONU-DH lo planteó– sobre “ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias”.

En su conversación con el periodista Rubén Martín, de Magis, Vera calificó a los migrantes centroamericanos de insurgentes: “[…] se niegan a regalarle su trabajo a las empresas extranjeras, multinacionales […], se quieren ir a Estados Unidos, aunque ahí les paguen menos que a los legalizados […]. Entonces, como no se quedan allá, aquí en México se les castiga en nombre de Estados Unidos. […] la violencia es inducida, también directa contra el pueblo, ¿por qué? Porque lo tienen que tener reprimido y espantado”.