Washington, D.C.– El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, reafirmó este martes que la postura de Washington respecto a las órdenes de captura contra figuras clave del chavismo permanece intacta. Al ser cuestionado sobre la recompensa que pesa sobre el actual ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, el jefe de la diplomacia estadounidense fue tajante: «La política de Estados Unidos en este tema no ha cambiado».

Vigencia del proceso judicial

Cabello, una de las figuras más influyentes del oficialismo venezolano, sigue figurando en la lista de los más buscados por el Departamento de Estado, que ofrece hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a su arresto. La Justicia estadounidense lo señala por presuntos delitos de narcotráfico y vínculos con el crimen organizado.

” “Cuando la política cambie, te lo dejaremos saber”, añadió Rubio en español durante una comparecencia en la Casa Blanca, cerrando la puerta a cualquier especulación sobre un posible indulto diplomático en el marco del nuevo contexto político regional.

El nuevo escenario en Caracas

La situación de Cabello se ha vuelto un punto de fricción en la compleja transición venezolana. Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses, Cabello ha logrado mantenerse en la estructura de poder bajo el mando de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Este anuncio ocurre en un momento de señales mixtas por parte de la administración de Donald Trump:

– Restablecimiento diplomático: Washington ha normalizado relaciones con Caracas y reconoce la legitimidad de Rodríguez.

– Apertura energética: Ambos gobiernos trabajan actualmente en la apertura del sector petrolero venezolano a la inversión de capital estadounidense.

– Justicia pendiente: A pesar del pragmatismo económico, la administración Trump mantiene activos los procesos judiciales contra los cuadros señalados por narcotráfico que aún permanecen en el gabinete venezolano.

Con estas declaraciones, el secretario Rubio envía un mensaje claro: el reconocimiento del gobierno de transición no implica una amnistía para los funcionarios con procesos abiertos en tribunales federales, manteniendo la presión sobre el círculo más cercano al mando en Venezuela.