Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que prevé reunirse con la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, en medio de la crisis política y de seguridad en el estado, tras la licencia temporal del mandatario Rubén Rocha Moya, quien ha sido acusado formalmente por Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico.

“ Sí, no nos hemos puesto de acuerdo de cuándo. Pero, sí, por supuesto, hay que seguir ayudando al pueblo de Sinaloa y a la gobernadora interina que nombró el congreso”, declaró la mandataria.

Sheinbaum también se refirió a la decisión de Rocha Moya de solicitar licencia, luego de que fuera señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, y defendió que se trata de una determinación personal.

“ Depende de él. O sea, imagínese que yo ande decidiendo si él pide licencia o no. Es un asunto”, explicó.

La presidenta subrayó que este tipo de decisiones no corresponden al Ejecutivo federal.

“ Es una decisión que toma él, al igual que el alcalde de Culiacán (también señalado por EU por presuntos vínculos con el narcotráfico). Y a los demás les corresponde definir o decidir. No a la presidenta”, sostuvo.

Asimismo, rechazó críticas sobre un supuesto intervencionismo: “Me acusan de autoritaria, de que soy del presidencialismo (…) y después dicen, ‘¿Por qué la presidenta no le pide la licencia aquí?’ Es un asunto de ellos. No es un asunto de la presidenta”.

Las declaraciones se producen en un contexto de tensión en Sinaloa, donde el Gobierno federal ha reforzado su presencia en materia de seguridad ante el aumento de la violencia vinculada a grupos criminales.

Las acusaciones de Washington forman parte de una solicitud dirigida al Gobierno mexicano para la detención urgente de diez funcionarios sinaloenses, incluido el gobernador oficialista Rocha Moya, por presuntamente colaborar con el Cartel de Sinaloa en el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

El Gobierno de México ha respondido que dicha petición no corresponde a un procedimiento ordinario de extradición y que, hasta ahora, no cuenta con elementos suficientes que justifiquen su carácter de urgente.

En este contexto, algunos de los señalados, como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, han solicitado licencias temporales mientras la Fiscalía General de la República investiga el caso; en contraste, otros han optado por permanecer en sus cargos.

Todos los implicados han rechazado las acusaciones, en un caso que ha generado una fuerte controversia política en México y tensiones en la relación bilateral con Estados Unidos.