Lima, Peru.– Organizaciones de derechos humanos, colectivos feministas y familiares de víctimas de violencia machista se pronunciaron este jueves en contra de una polémica iniciativa legislativa presentada por la congresista y pastora evangélica Milagros Jáuregui. El proyecto propone la derogación del delito de feminicidio del Código Penal peruano, una medida que ha sido calificada como un “retroceso histórico” para la justicia en el país.

El argumento de la controversia

La propuesta de Jáuregui, integrante del partido conservador Renovación Popular, busca reemplazar el término feminicidio por el de “asesinato a la pareja”. Según la legisladora, el concepto actual es un “enfoque ideológico” que, a su juicio, diferencia arbitrariamente el valor de la vida entre hombres y mujeres.

Sin embargo, la oposición parlamentaria y civil sostiene que este cambio no es una cuestión técnica, sino una maniobra que desprotege a la mujer:

– Reducción de condenas: Al reclasificar el delito como homicidio simple o calificado, los agresores podrían acceder a beneficios procesales y reducciones de pena que hoy están prohibidos bajo la figura del feminicidio.

– Pérdida de beneficios sociales: Los hijos de las víctimas de feminicidio cuentan actualmente con un subsidio estatal garantizado, un derecho que quedaría en el limbo si el crimen se procesa como un homicidio ordinario.

Voces de las víctimas: “Invisibiliza nuestra violencia”

En una conferencia de prensa convocada por la congresista Ruth Luque, familiares de mujeres asesinadas expresaron su temor ante la posible impunidad. La hermana de Estephany Flores, víctima de feminicidio en 2019, advirtió que borrar el término invisibiliza la violencia específica que sufren las mujeres por su condición de género y pone en riesgo los logros obtenidos tras años de activismo.

Por su parte, la madre de Érika Oblitas manifestó su preocupación por que esta reforma debilite la justicia y permita que el asesino de su hija reciba una sentencia menor a la establecida originalmente.

Reacción institucional y movilización ciudadana

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) emitió una alerta sobre la permanencia de esta derogación en la agenda de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso. El organismo señaló que el Estado tiene la “obligación de proteger, no de retroceder” en la respuesta frente a crímenes de odio.

Acciones programadas: Ante la inminencia del debate, movimientos como Manuela Ramos y Flora Tristán han convocado a una vigilia colectiva este martes frente al Palacio de Justicia en Lima. La movilización tiene como objetivo exigir que el Parlamento no favorezca la impunidad y mantenga los mecanismos legales de protección especializada para las mujeres.