“Rechazo la injerencia extranjera”. “No hay pruebas”. “No a la injerencia”. “Sin pruebas es política la acusación”. Básicamente a estas frases se reduce la férrea y publica defensa de la presidenta Claudia Sheinbaum a favor del gobernador Rubén Rocha Moya. Ahora la Mandataria en una situación imposible ya que hay pruebas, muchas pruebas. No es un tema de soberanía, ni un tema jurídico. Pero sí es un tema político para Claudia Sheinbaum.

Crea sospecha, a nivel nacional e internacional, “rápida y furiosa” defensa de la Presidenta del gobernador Rocha Moya –y los otros nueve funcionarios. Hubo pruebas suficientes para que un gran jurado en Nueva York formulara un “indictment” –una acusación formal– en contra del Gobernador y otros nueve funcionarios y exfuncionarios.

De hecho, si uno de estos 10 imputados tuviera presencia en territorio estadunidense, la DEA los habría arrestado inmediatamente, y probablemente ya habrían tenido su primera audiencia, donde el juez no les hubiera concedido fianza y continuarían detenidos hasta que se llevara a cabo el juicio en un año. Exactamente esto fue lo que le sucedió a Genaro García Luna, con las pruebas del “indictment”: fue detenido en Texas, eventualmente enjuiciado y condenado a 38 años de prisión.

Ante la realidad de lo que representa un juicio y los expedientes con pruebas, muchas pruebas, de ser detenidos y extraditados, seguramente algunos, incluyendo a Rubén Rocha Moya, buscarían negociar con la Fiscalía de Nueva York. Seguramente tendrán mucho que contar sobre cómo el crimen organizado participa en los procesos electorales, los funcionarios que se beneficiaron, y las empresas que tienen estrechos vínculos con el Gobierno y los “narcoterroristas”.

Y aunque la Presidenta aseguró que su Gobierno no protege a los corruptos, la defensa tan pública y personal de Moya Rocha la deja en una encrucijada: o verdaderamente creen la Presidenta y su equipo que el Departamento de Justicia no tiene pruebas, o ya se tomó la decisión política de que, pase lo que pase, Rocha Moya no caerá en manos de los estadunidenses.

Porque a final de cuentas, la decisión o no de arrestar y eventualmente extraditar a los 10 imputados es una decisión política y soberana de la Presidenta, ya que puede perfectamente negar la orden de detención y la eventual extradición. O podría entregar este paquete de 10 indiciados, de la misma forma que entregó a los otros 92 individuos, sin ningún proceso de extradición.

Y hay que entender que Rocha Moya es parte de un imposible: separar las acusaciones en contra de Rocha Moya de los otros indiciados, que incluyen al Presidente Municipal de Culiacán, un senador en funciones y un general del Ejército en retiro. Es muy, muy probable que ninguno será extraditado, aunque haya pruebas, porque todos representan un peligro existencial para Morena si deciden colaborar con funcionarios estadunidenses.

La estrategia prudente del Gobierno de México, especialmente en esta difícil conjuntura por la muerte de dos funcionarios de la CIA, y la evaluación del TMEC, debería haber sido de bajo perfil, preferiblemente con una declaración del nuevo secretario Roberto Velasco Álvarez. Pero lo más importante en este momento sería evitar otro escándalo más que afecte la reputación del Gobierno de México durante el Mundial FIFA 2026.

En los siguientes dos meses, los medios de comunicación del mundo estarán observando, reportando y analizando todo lo que suceda en México, Estados Unidos y Canadá. Además de reportar las protestas sociales como antesala del Mundial, del desorden y las fallas en la organización, las desapariciones y narcofosas. Habría que agregar a los titulares de cómo la presidenta Sheinbaum protege a narcopolíticos de su partido.

Lo que no han reconocido el Gobierno de Mexico, Morena y la 4T es que la estrategia de Donald Trump va más allá del tradicional desmantelamiento de las organizaciones narcoterroristas.

La prioridad ahora es perseguir a los líderes y todo funcionario, político, individuo y empresas que apoyan y facilitan el tráfico de estupefacientes. Y es de esperarse que los partidos políticos mexicanos también están en la mira. Por eso, la presión de Estados Unidos aumentará, con o sin apoyo del Gobierno federal.

Seguramente saldrán anuncios de más sanciones, más investigaciones, retiro de visas y congelamiento de activos, y más “indictments” en contra de funcionarios, políticos, empresas vinculadas al crimen organizados. Pero el riesgo político más grave es la eventualidad de que Morena haya sido aliado y facilitador de las actividades criminales de las organizaciones terroristas.

¿Cuáles son las prioridades de la Presidenta? ¿Defensa del Gobernador de Sinaloa o usar las pruebas para depurar al partido y la imagen del país? Como lo comenté anteriormente, no se enojen con Trump, ni con Sheinbaum. El culpable es AMLO.