Chetumal, Quintana Roo.– Productores de caña de la Ribera del Río Hondo iniciaron este lunes un paro indefinido y la toma pacífica de bodegas en el ingenio San Rafael de Pucté, sumándose a una movilización nacional que abarca los 51 ingenios del país. La protesta busca obligar a los industriales a exportar los excedentes de azúcar para estabilizar el mercado interno y detener la caída en los precios.

Contra la sobreoferta nacional

La dirigencia de las organizaciones cañeras locales explicó que la saturación del mercado doméstico ha provocado un desplome en el valor del producto, afectando directamente la rentabilidad de la zafra actual. La demanda central es que los excedentes de azúcar sean colocados en el mercado internacional, disminuyendo así la oferta interna y permitiendo un repunte en los precios nacionales.

” “La saturación del mercado provocó el desplome de los precios. Ya no tenemos confianza; enfrentamos costos de producción elevados e insumos caros, mientras nuestros ingresos por tonelada siguen bajando”, señalaron representantes del sector.

Un motor económico bajo amenaza

La movilización en el sur de Quintana Roo no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia coordinada en los 45 ingenios azucareros operativos en México. Los manifestantes advirtieron que la crisis no solo golpea a los agricultores, sino que pone en riesgo toda la cadena productiva de la región, incluyendo a:

– Trabajadores del campo y cortadores.

– Transportistas de carga pesada.

– Comercios locales que dependen del flujo de efectivo de la agroindustria.

Mensaje de unidad ante el Gobierno Federal

Los cañeros aclararon que, aunque el paro es indefinido, la toma de bodegas se realiza de manera pacífica. Sin embargo, enfatizaron que no levantarán las medidas de presión hasta que las autoridades de la Secretaría de Economía y los industriales del sector azucarero ofrezcan soluciones concretas y garantías de exportación.

La incertidumbre impera entre las familias de la Ribera del Río Hondo, quienes ven en esta movilización la última instancia para salvar el sustento de una actividad que es considerada el principal motor económico de la zona fronteriza.