Santiago, Nuevo León.– El Parque Nacional Cumbres de Monterrey, uno de los pulmones más importantes del estado, se encuentra bajo asedio. Diputadas locales de diversas bancadas han denunciado un presunto daño ecológico a gran escala en la zona alta de la cascada Cola de Caballo, vinculada a la construcción de un complejo de cabañas turísticas.

Ante la gravedad del desmonte y la presunta apropiación de un cauce federal, las legisladoras exigieron a la Profepa y a la Semarnat abandonar el “trabajo de oficina” e intervenir físicamente en el sitio para realizar un peritaje ambiental inmediato.

Bajo la lupa: ¿Conflicto de interés en Santiago?

La diputada Claudia Chapa, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, señaló que la investigación debe ser exhaustiva para descartar posibles nexos entre autoridades municipales y los particulares que operan el proyecto.

” “Tenemos que investigar qué tipo de relación hay en este caso. Ha habido antecedentes en Santiago donde se suspenden obras por impacto ambiental, y aquí exhorto a un peritaje de la Profepa para esclarecer si se está cumpliendo con la Ley”, apuntó Chapa.

La legisladora subrayó la urgencia de determinar si el municipio otorgó permisos de forma irregular en un área que goza de protección federal.

Amenaza penal: El patrimonio natural no es negocio

Por su parte, la diputada panista Claudia Caballero calificó la situación de “indignante” y advirtió que el beneficio económico de un particular no puede estar por encima del equilibrio hídrico y ecológico de Nuevo León.

– Riesgo Hídrico: La zona afectada es vital para la captación de agua en el estado.

– Sanciones: Caballero recordó que el Artículo 451 del Código Penal estipula penas de cárcel y multas severas para quienes causen daños en áreas naturales protegidas.

– Invasión Federal: Además del desmonte, se denunció el cierre del paso al río que cruza la zona, lo cual constituye una violación a las leyes de aguas nacionales.

” “Cero tolerancia a este ecocidio. No podemos permitir que la construcción de cabañas destruya el patrimonio de todos los neoloneses”, refirió la legisladora.

Evidencia en el terreno

Durante un recorrido realizado por este medio en el camino hacia la cascada, se pudo constatar un impacto ambiental visible: maquinaria, remoción de vegetación nativa y alteración del paisaje natural en un acceso reconocido como zona de conservación.

A pesar de que el municipio de Santiago ha realizado inspecciones previas en la zona, las legisladoras insisten en que la intervención debe escalar a las autoridades federales (Semarnat y Profepa) para garantizar que se apliquen las “últimas consecuencias” y se inicie un plan de reparación de daño inmediato.