Ciudad de México.- Los nueve marinos que permanecían presos por su presunta participación en la desaparición forzada de 27 personas en Nuevo Laredo en 2018 fueron liberados por un juez federal.

El caso de las desapariciones forzadas, que derivó en operativos especiales de la Secretaría de Marina (SEMAR), se remonta a 2018, entre febrero y septiembre. En ese periodo, el entonces Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca solicitó apoyo contra el crimen organizado tras una serie de ejecuciones de funcionarios públicos de la Fiscalía estatal.

Sin embargo, el grupo Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) de la SEMAR -según documentó la CNDH- realizó operativos tipo redada en los que incurrió en abuso de autoridad y detenciones arbitrarias de más de 50 personas. De ellas, 27 desaparecieron posteriormente y doce fueron encontradas asesinadas en terrenos baldíos y zonas rurales.

Ante las quejas de madres de familia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acudió en varias ocasiones con visitadores y peritos para investigar los hechos.

Su trabajo concluyó el 13 de julio con la emisión de la recomendación 36VG/2020, por detención arbitraria y desaparición forzada de 27 personas, así como por la privación ilegal y arbitraria de la vida de otras 12.

En la causa penal que se abrió posteriormente se integraron 17 expedientes por transgresiones a los derechos a la libertad personal, a la integridad y seguridad personal, a la personalidad jurídica y al trato digno.

Entre los cargos, la CNDH también acreditó ante el Fiscal federal que llevó el caso la existencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como violaciones al derecho a la verdad y al acceso a la justicia de las 27 personas desaparecidas, sus familiares y testigos.

La Marina aceptó la recomendación y puso a disposición a 30 marinos del grupo UNOPES.

No obstante, durante el proceso judicial diversos marinos involucrados fueron liberados, hasta quedar únicamente nueve en prisión con la responsabilidad penal.

El caso se prolongó entre recursos de revisión y dilaciones en el Poder Judicial Federal.

La Fiscalía General de la República (FGR) logró integrar carpetas de investigación en las que fundamentó las conductas ilícitas y las omisiones de los marinos.

“Cabe precisar que la CNDH realizó las respectivas aportaciones a las carpetas de investigación”, señaló la CNDH en un comunicado elaborado el 11 de mayo y difundido esta mañana.

“Las autoridades recomendadas únicamente han reportado el estado procesal que guardan las indagatorias, no así el estado que guardan las Causas Penales”.

La CNDH enfatizó que en abril de este año acordó con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas federal (CEAV) reunirse con familiares afectados por las desapariciones forzadas para dar seguimiento a la recomendación.

Sin embargo, la CEAV tampoco ha cumplido con la reparación del daño, ya que hasta ahora los familiares no han recibido recursos económicos ni apoyo médico, psicológico o legal.

En ese contexto, la CNDH tomó nota de la actuación del juez del Centro de Justicia Penal Federal de Baja California, con residencia en Ensenada, quien absolvió a los nueve marinos que permanecían presos desde 2021 por este caso. Con ello, ninguno de los 30 detenidos inicialmente permanece en prisión.

“Es por eso que esta Comisión Nacional expresa su preocupación y alerta por la determinación emitida por el juez -con residencia en La Paz-“, señaló, al tiempo que “manifiesta su respaldo a las víctimas”.

“En ese sentido se hace un exhorto al Tribunal de Disciplina Judicial investigue la actuación del juzgador, y en su caso, aplique las medidas pertinentes”.

La CNDH advirtió que continuará trabajando para el cumplimiento de la recomendación 36VG/2020 y acompañará a las víctimas hasta lograr la reparación del daño.