Ciudad de México.– Este lunes fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Programa Nacional de Seguridad Pública 2026-2030. El documento traza la hoja de ruta federal para el próximo quinquenio, priorizando el combate frontal a delitos de alto impacto como la extorsión, la delincuencia organizada, la trata de personas, los ciberdelitos y, de manera muy destacada, el robo y contrabando de hidrocarburos.

El programa parte de un diagnóstico crítico sobre el panorama nacional. De acuerdo con el texto oficial, el deterioro de las condiciones de seguridad y paz en el país constituye un “desafío estructural” que no solo vulnera a la población, sino que desgasta la cohesión social, fomenta la percepción de impunidad y debilita la confianza en las instituciones debido a prácticas de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Para revertir esta inercia, la estrategia de seguridad se sostendrá sobre cuatro pilares fundamentales:

1. Coordinación operativa e inteligencia: Fortalecer la investigación conjunta para reducir la incidencia delictiva, especialmente en crímenes de alcance transnacional.

2. Prevención y cultura de paz: Fomentar la legalidad y la participación ciudadana para reconstruir el tejido social desde los entornos locales.

3. Desarrollo policial: Consolidar y profesionalizar las capacidades de los cuerpos de seguridad en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal).

4. Reforma penitenciaria: Homologar los sistemas de reclusión bajo un modelo enfocado en la reinserción social efectiva y la atención postpenal.

El reto del “huachicol fiscal” y las redes de complicidad

Una de las secciones más detalladas del programa aborda la evolución del robo de combustibles, un ilícito que ha migrado de la tradicional extracción física a sofisticados esquemas financieros.

El documento introduce formalmente el concepto de “huachicol fiscal”, definiéndolo como un mecanismo de defraudación que utiliza empresas fachada, facturación apócrifa (operaciones simuladas) y alteración de volúmenes para contrabandear e introducir combustibles al mercado formal de manera ilegal.

La federación reconoce que, si bien Petróleos Mexicanos (Pemex) mantiene un registro de tomas clandestinas en sus ductos, actualmente no existen cifras oficiales consolidadas sobre el impacto económico del huachicol fiscal.

Esta falta de trazabilidad se debe a la triangulación de operaciones financieras y a la presunta colusión de estructuras delictivas con servidores públicos que facilitan la evasión tributaria en el sector energético.

Geográficamente, el robo físico mediante tomas clandestinas continúa concentrándose en siete estados con alta densidad de infraestructura de distribución: Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

Tecnología y asfixia financiera: la nueva estrategia

Para neutralizar la capacidad logística de estas bandas y recuperar la seguridad energética del país, el gobierno federal implementará una estrategia tecnológica y operativa que incluye:

– Plataforma interoperable: Creación de un sistema unificado que concentre y comparta información de inteligencia en tiempo real entre todas las dependencias de seguridad.

– Monitoreo avanzado en ductos: Instalación de sensores inteligentes, sistemas de alerta temprana y despliegue de videovigilancia aérea y terrestre en las zonas de mayor riesgo.

– Asfixia financiera: Protocolos conjuntos de supervisión fiscal y operativa para desmantelar la infraestructura económica, cuentas bancarias y redes de distribución utilizadas por los evasores de combustible.