Estados Unidos.- El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, propuso elevar a 18 mil dólares las multas impuestas contra ciertos inmigrantes que no cumplieron con las órdenes de deportación emitidas contra ellos y son arrestados por las autoridades migratorias.

Endurecen sanciones contra migrantes

En concreto, la propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) pide elevar de 5 mil 130 dólares a 18 mil dólares —la cifra final quedaría en más de 300 mil pesos mexicanos— el cobro establecido en 2025 por la Ley de Reconciliación Presupuestaria a extranjeros que recibieron una orden de deportación en ausencia, no abandonaron el país y que, posteriormente, son detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El cobro busca reembolsar parcialmente los costos de detener y expulsar a inmigrantes que tienen en su contra esta clase de deportaciones.

Asimismo, la multa hace parte de las medidas de la administración Trump para impulsar a los indocumentados a autodeportarse.

Las órdenes de deportaciones en ausencia son emitidas contra extranjeros que han sido notificados para presentarse a la corte de inmigración y no se presentan a sus audiencias.

ICE comenzó aumento a cuota desde septiembre

En la propuesta publicada en el Registro Federal, el DHS explica que en septiembre, el ICE comenzó a cobrar 5 mil dólares por la multa establecida para el año fiscal 2025. Para noviembre, las autoridades migratorias ajustaron la tarifa por inflación a 5 mil 130.

Pero ahora, ICE argumenta que ha revisado los datos y ha determinado que la tarifa de 5 mil 130 es demasiado baja para compensar suficientemente a esta agencia por el costo de detener a un extranjero a quien se le ha ordenado la expulsión en ausencia.

“Se requiere considerar los costos más amplios de identificar, detener, procesar y expulsar a dicho extranjero”, asegura el DHS en la propuesta alegando que se deben tener en cuenta una variedad de gastos indirectos y generales, que incluyen, entre otros, capacitación, vehículos y personal de apoyo.

El DHS ha dado un plazo para comentarios públicos hasta el 22 de junio.