Morelos.- Un juez federal dictó la prisión preventiva de oficio y ordenó el traslado al Penal Federal de Sonora a 5 de los alcaldes, ex candidatos y funcionarios detenidos el miércoles en Morelos como parte de la “Operación Enjambre”, por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Edgar Alejandro Domínguez Villapudua, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo, dictó la medida cautelar a Agustín Toledano Amaro, presidente municipal de Atlatlahuacan, e Irving Sánchez Zavala, ex edil de Yecapixtla.

Así como de Horacio Zavaleta Malacara, secretario del Ayuntamiento; Jonathan Espinoza Salinas, tesorero, y Pablo Portillo Galicia, empresario y Oficial Mayor, todos del municipio de Cuautla, de acuerdo con registros judiciales.

En la audiencia inicial llevada a cabo ayer, la única persona aprehendida que no compareció ante el juez fue Arisbel Rubí Vázquez Amaro, “La Jefa”, ex candidata a la Alcaldía de Atlatlahuacan.

Los cinco imputados comparecieron por videoconferencia ante Domínguez Villapudua desde las oficinas de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en Reforma 75, en la Ciudad de México.

Por ello, el impartidor de justicia ordenó a la Policía Federal Ministerial trasladarlos hasta el Penal Federal de Hermosillo, para que cumplan con la medida cautelar impuesta.

Durante la diligencia, a solicitud de la defensa, el juzgador acordó duplicar a 144 horas el plazo para definir la situación jurídica de los imputados y acordó celebrar el próximo martes a las 14:00 horas la audiencia en la que resolverá si los vincula o no a proceso.

Los funcionarios y ex servidores públicos fueron capturados el pasado miércoles con base en una orden de aprehensión librada por el juez Domínguez Villapudua, por delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

Según la FGR, los detenidos presuntamente tenían nexos con Júpiter Araujo Bernard, “El Barbas”, operador del Cártel de Sinaloa que cooptó e impuso alcaldes y funcionarios municipales en Morelos, para garantizar la impunidad de sus actividades de extorsión, homicidio, secuestro y narcomenudeo.