Ciudad de México.- La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, advirtió al Congreso que el organismo no es una autoridad ministerial ni judicial para determinar si los candidatos representan un “riesgo razonable”, por sus posibles nexos con la delincuencia organizada.

Por ello, demandó a los legisladores establecer en la reforma electoral que será la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) las autoridades encargadas de otorgar ese estatus a los aspirantes.

Esta semana, el Congreso aprobará reformas para ordenar al INE crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas rumbo a la elección del 2027, la cual estará integrada por cinco consejeros.

En conferencia de prensa, Taddei insistió en que en la reforma debe aclararse que el INE únicamente funcionará como intermediario, pues recibirá la solicitud de partidos para investigar a los aspirantes que ellos decidan, enviará las peticiones a estas cuatro dependencias y éstas deben establecer en sus reportes si existe “un riesgo razonable”.

Las respuestas serán entregadas a los partidos sin ningún diagnóstico del INE.

“El Instituto Nacional Electoral es una autoridad estrictamente administrativa, no es un órgano ministerial ni judicial. La responsabilidad de investigar, perseguir, y sancionar posibles vínculos con actividades ilícitas corresponde, de manera exclusiva, a las autoridades de procuración de justicia, inteligencia y seguridad pública.

“El INE no puede, ni debe, convertirse en juez y parte de una contienda política. Nuestra función constitucional es organizar elecciones, garantizar condiciones de equidad, certeza, legalidad y transparencia. Nuestra función no es validar la integridad de las candidaturas ni calificar los antecedentes de las y los aspirantes”, afirmó.

Consideró que obligar al INE a asumir funciones que impliquen juzgar o determinar la probidad de una persona, lo colocarían en el centro de la disputa política, vulnerando de manera directa su papel como autoridad neutral e imparcial frente a todas las fuerzas políticas.

La sonorense pidió a los legisladores tener claro que están en disputa alrededor de 20 mil cargos en la elección del 2027, por lo que estarán compitiendo más de 140 mil personas.

Ante el cuestionamiento de si el INE tiene la estructura para realizar esa tarea, aseguró que podría tenerla, pero en la legislación también debe establecer plazos para que las dependencias respondan.

También debe quedar claro en la legislación, dijo, que el Instituto no está facultado para bajar candidatos, sino que es responsabilidad de los partidos.

“Hay que dejar clarísimo: es responsabilidad total y absoluta de los partidos políticos entregar en principio las listas y, en segundo, hacer caso, o atender la definición de riesgo por parte de estas instancias”, añadió.

Ante la reforma sobre la injerencia del extranjero en elecciones, informó que el INE tendrá que emitir lineamientos, pero lo hará en coordinación con OPLES y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para no invadir atribuciones.

“Con mucha mesura se tiene que revisar, porque la declaratoria de la nulidad corresponde al Tribunal Electoral, nos mandata al Instituto encontrar las causas y los documentos probatorios, o los hechos que prueben esta posibilidad para que pueda estar en esta cadena jurídica que llegue a declararse la nulidad”, agregó.