Ottawa, Canadá.– El sindicato United Steelworkers (USW) ha solicitado formalmente a la Fiscalía General de Canadá el inicio de acciones penales contra la corporación Orla Mining, tras confirmarse violaciones sistemáticas a los derechos humanos y laborales en la mina Camino Rojo, ubicada en Mazapil, Zacatecas.

El veredicto del T-MEC

La exigencia del gremio canadiense se fundamenta en un fallo emitido por un panel del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC, que ratificó las denuncias interpuestas originalmente por el sindicato mexicano Los Mineros, con el apoyo de la USW.

El panel concluyó que los trabajadores de la mina —que actualmente atraviesa un proceso de adquisición por parte de Equinox Gold— fueron víctimas de:

– Coacción sindical: Presiones para abandonar a “Los Mineros” y afiliarse a un sindicato de carácter patronal.

– Clima de terror: Incursión de grupos armados vinculados al crimen organizado en asambleas sindicales, lo que derivó en amenazas de muerte y el desplazamiento forzado de líderes sindicales y sus familias.

Críticas a la lentitud del Estado canadiense

El director nacional de la USW, Marty Warren, calificó la situación como “indignante” e “inconcebible”. Asimismo, el sindicato denunció una marcada disparidad en la eficacia de las instancias gubernamentales: mientras la vía estadounidense actuó con celeridad, las autoridades canadienses tardaron casi 18 meses en procesar una queja similar presentada desde noviembre de 2024, superando por mucho los plazos legales establecidos.

Fue hasta el pasado 28 de abril de 2026 cuando el gobierno de Canadá remitió formalmente la queja a México, país que aún no ha emitido una respuesta oficial sobre si iniciará una investigación formal, según los términos del tratado.

La postura de la empresa

Ante la presión internacional y los hallazgos del panel, Orla Mining emitió un comunicado el pasado 4 de mayo en el que se compromete a:

– Mantener la neutralidad sindical.

– Implementar capacitaciones sobre libertad de asociación.

– Reconocer formalmente los derechos de “Los Mineros” en el complejo minero zacatecano.

No obstante, la USW ha rechazado estas medidas como insuficientes, advirtiendo que la corporación omite deliberadamente la reparación del daño para los trabajadores que aún permanecen en la clandestinidad por temor a represalias. El sindicato subrayó que cualquier resolución es incompleta si no incluye la desarticulación total de la influencia de la delincuencia organizada en la mina y sus comunidades aledañas, garantizando el retorno seguro de los empleados a sus puestos.

La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) mantiene también su propio expediente abierto bajo el mismo mecanismo de respuesta rápida, elevando la presión sobre el futuro de las operaciones de la minera en territorio mexicano.