Ciudad de México.- Tras asumirse como una perseguida política del Gobierno federal, la Gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos, consideró ayer que la 4T “está desesperada”, y que los ataques en su contra se deben a que su Administración cortó el negocio del narcolaboratorio desmantelado en la Tarahumara.

Al salir de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, donde presentó un escrito para objetar el citatorio como testigo por el caso del operativo en la sierra, remarcó que es evidente el uso político de las instituciones federales.

“

Yo salgo a dar la cara porque tengo la dignidad para hacerlo: yo hice mi trabajo, defendí a las familias y mi Gobierno ha colaborado, sin reservas, con la FGR. Frente a esta Fiscalía pregunto: ¿qué más quieren saber de mí?, ¿de qué otra mentira piensan acusarme? Pregúntenme con puntualidad, que yo no me escondo”, retó.

La Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, objetó ante la FGR la legalidad del citatorio que le giraron para declarar como testigo por el caso de los agentes de la CIA, ya que no especifica formalmente el motivo del requerimiento y la ley exceptúa a los gobernadores de la obligación de comparecer ante el Ministerio Público.

Acompañada por políticos de oposición, la Mandataria estatal se presentó ayer en la sede de la Fiscalía en la Ciudad de México, donde entregó un escrito en el que manifestó que no iba rendir su testimonio porque la citación carece de fundamento.

“

No comparezco para rendir entrevista en calidad de testigo ni para sujetarme a acto de investigación alguno. Acudo para responder a un oficio que contiene un citatorio ambiguo, internamente incongruente y carente de la debida fundamentación y motivación”, dice el escrito presentado por Campos Galván.

“

Realizo estas manifestaciones para constatar mi disposición a colaborar en cualquier investigación que integre la autoridad federal, pero no como un sometimiento, fáctico o legal, a la diligencia pretendida”.

“

El Artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales obliga, como regla general, a toda persona a comparecer ante el Ministerio Público u órgano jurisdiccional en el que sea citado. El mismo precepto exceptúa de esa obligación a los servidores públicos comprendidos en los párrafos primero y quinto del Artículo 111 de la Constitución”.

El Artículo aludido por la Mandataria señala que para poder proceder penalmente por delitos federales contra titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas, serán los congresos locales los que emprendan un juicio de procedencia.

El senador morenista Javier Corral acusó a Campos Galván, de victimizarse con el citatorio que le envió la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que comparezca a una audiencia.

En un video subido a sus redes sociales, el legislador sostuvo que Campos pretende hacer creer que hay una persecución política en su contra, al relacionar la investigación por la operación de dos agentes de la CIA con el caso en el que denunció a la Mandataria por un intento de detención ilegal sufrido en 2024.