Saltillo, Coah.- La diputada Olivia Martínez Leyva (PRI), propone adicionar el Artículo 474 Bis al Código Penal de Coahuila para tipificar el delito de sabotaje a la infraestructura hídrica y de servicios públicos esenciales, que se castigaría con hasta 20 años de prisión y suspensión de derechos políticos de 1 a 7 años.

“ Vengo a presentarles esta iniciativa -que trabajamos en coordinación con el Poder Ejecutivo- cuyo objetivo es endurecer las sanciones contra quien dañe infraestructura pública utilizada para la prestación de los servicios que prestan los municipios, para evitar que se cause un caos colectivo por la interrupción de dichos servicios, y de forma particular el servicio que lleva intrínseco la protección al derecho humano fundamental: el acceso al agua potable”.

Por ejemplo, dijo que en la Región Laguna han sufrido delitos de cortes de energía eléctrica que paralizaron los pozos de agua; robo de cables de los equipos, incluso no se los llevan, pero dañan los equipos de cárcamos de bombeo, y las aguas negras brotan de las alcantarillas.

“ Estas alteraciones dolosas desencadenan consecuencias masivas que impactan simultáneamente la movilidad, la salud pública, la protección civil y la prestación de múltiples servicios públicos, por lo que la infraestructura hídrica -bombas de agua, pozos, tuberías matrices, válvulas reguladoras, cárcamos, plantas de tratamiento y medidores de lujo- constituyen la columna vertebral del ejercicio efectivo del derecho humano al agua”.

La reforma sanciona a quien dañe, destruya, inutilice, sustraiga, altere, interfiera u obstaculice el funcionamiento de infraestructura hídrica o de servicios públicos esenciales.

Esto, cuando dicha conducta produzca o pueda producir la interrupción, restricción, disminución o afectación del suministro de agua, drenaje, alcantarillado, saneamiento, energía eléctrica, recolección, traslado, tratamiento o disposición final de residuos.

La infraestructura hidráulica comprende pozos, norias, bombas hidráulicas, tuberías de conducción o distribución, plantas potabilizadoras o de tratamiento, tanques de almacenamiento, válvulas reguladoras, medidores, cárcamos de bombeo, acueductos y cualquier otro componente físico o digital destinado al control, monitoreo, automatización, operación o prestación de los servicios.

En las sanciones, de 5 a 20 años de prisión, aplicará el máximo cuando se afecte a comunidades con alto o muy alto grado de marginación; se afecte a hospitales, centros de salud, centros educativos, albergues o centros de asistencia social; cuando se provoque inundaciones, derrames, riesgos sanitarios o ambientales; se interrumpa el servicio por más de 24 años; o la conducta sea realizada por servidores públicos, concesionarios, contratistas o empleados