Washington, D.C. – Una investigación periodística de The Washington Post ha destapado un polémico proyecto impulsado durante los primeros meses del segundo mandato del presidente Donald Trump, cuyo objetivo habría sido marcar como fallecidas a 2.7 millones de personas residentes en Estados Unidos para restringir su acceso al sistema financiero y a servicios gubernamentales.

El plan, desarrollado bajo la supervisión del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), pretendía utilizar las bases de datos de identidad de la Administración del Seguro Social (SSA) para declarar, de manera falsa, la defunción de millones de individuos. Según la investigación, esta medida buscaba bloquear automáticamente el cobro de salarios, transacciones bancarias, beneficios sociales y cualquier operación financiera, afectando principalmente a poblaciones indocumentadas.

La denuncia de un funcionario de carrera

La revelación se sustenta en el testimonio de Jeremiah Schofield, quien fungió como directivo de modernización tecnológica en la SSA durante 25 años. Schofield renunció a su cargo en octubre tras negarse a ejecutar la orden, argumentando que la manipulación masiva de registros violaba flagrantemente la ley federal.

De acuerdo con el denunciante, el área legal de la agencia advirtió que la implementación del proyecto no solo era ilegal, sino que provocaría un colapso en la prestación de servicios públicos esenciales y la invalidación arbitraria de documentos de identidad de personas vivas, lo que habría generado un caos administrativo sin precedentes.

Investigación formal en el Congreso

Aunque la SSA ha negado oficialmente que sus bases de datos hayan sido alteradas con dicha “lista negra”, el caso ha causado una profunda conmoción política en Washington. La gravedad de las acusaciones ha llevado al Congreso de Estados Unidos a abrir una auditoría formal para esclarecer el alcance de las presiones ejercidas por el DOGE sobre la agencia y determinar si hubo intentos reales de convertir a residentes vivos en “fantasmas legales”.

El caso pone bajo la lupa los métodos operativos del Departamento de Eficiencia Gubernamental, planteando cuestionamientos sobre los límites éticos y legales que las agencias federales pueden cruzar en la implementación de políticas migratorias.

Con información de UNIVISION