Del Rio

Publicado el jueves, 11 de junio del 2026 a las 04:03
Del Río, Tx.- Un ciudadano mexicano con estatus de residente legal permanente en este país fue sentenciado en la Corte Federal de esta frontera a 195 meses de prisión, equivalentes a poco más de 16 años, por conspiración para albergar inmigrantes indocumentados, causando lesiones graves y poniendo en peligro sus vidas.
Los documentos judiciales de la Corte indican que Armando García Martínez, de 43 años, también conocido como “Leche”, “El Compadre” y “Mando”, fungía como reclutador dentro de una organización dedicada al tráfico de personas. La investigación reveló que en agosto de 2023 participó en el traslado de una familia de inmigrantes desde San Antonio hasta Austin, donde posteriormente fueron retenidos contra su voluntad por integrantes de la organización.
Las autoridades señalaron que entre las víctimas se encontraban un hombre, una mujer embarazada y su hijo de siete años. Durante el cautiverio la mujer fue víctima de agresión sexual y los traficantes amenazaron con asesinar al menor si no recibían pagos adicionales, asimismo, amenazaron con vender al bebé que la mujer esperaba si la familia no cumplía con las exigencias económicas.
Aunque un familiar realizó un pago de al menos mil dólares, los responsables continuaron exigiendo más dinero para liberar a las víctimas.
La investigación también estableció que García Martínez coordinaba regularmente el traslado de inmigrantes en la región de Eagle Pass, organizando entre dos y tres viajes semanales para otros miembros de la red criminal, su función consistía en recoger a los indocumentados cerca de las vías del tren y entregarlos a otros integrantes de la organización para continuar su traslado hacia San Antonio o Austin.
García Martínez fue acusado formalmente el 24 de abril de 2024 y arrestado el 31 de mayo del mismo año, posteriormente se declaró culpable el 18 de noviembre de 2024. Este caso forma parte de una investigación más amplia que ha resultado en múltiples condenas contra otros integrantes de la organización. El proceso es presidido por la jueza federal Alia Moses.
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