Veracruz.- La violencia contra periodistas en Veracruz se agravó durante 2026, colocando al estado en el centro de las alertas nacionales por las agresiones contra la libertad de expresión.

En los primeros seis meses del año, la entidad registra dos periodistas asesinados y una comunicadora desaparecida, hechos ocurridos durante la administración de la gobernadora morenista Rocío Nahle García, lo que ha provocado reclamos de organizaciones defensoras de la libertad de prensa y exigencias para garantizar condiciones de seguridad para los comunicadores

La organización en defensa de la libertad de prensa, Artículo 19, ha condenado las crisis en contra de periodistas en el estado. Los casos se concentran principalmente en periodistas dedicados a la cobertura policiaca y de seguridad que han sido víctimas de ataques, amenazas y agresiones.

Enero: asesinan a Carlos Castro en Poza Rica

El primer caso ocurrió el 8 de enero de 2026, cuando fue asesinado Carlos Leonardo Ramírez Castro, periodista y director del portal Código Norte Veracruz, en el municipio de Poza Rica.

El comunicador, de 26 años, fue atacado por sujetos armados dentro de un restaurante familiar ubicado sobre la avenida 20 de Noviembre. Castro se especializaba en la cobertura de seguridad pública y nota roja, además de haber colaborado con distintos medios regionales.

Organizaciones de libertad de expresión señalaron que una de las líneas de investigación contempla posibles amenazas previas relacionadas con su trabajo periodístico, particularmente por publicaciones sobre presuntos abusos policiales.

El crimen encendió las alertas en la región, especialmente después de que familiares y personas cercanas al periodista también reportaran situaciones de riesgo.

Junio: el mes con mayor violencia

Secuestro de Roxana Guzmán

La violencia contra la prensa volvió a cobrar fuerza en junio. El 2 de junio, la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, fue sustraída de su domicilio en Nanchital por sujetos armados.

Los agresores irrumpieron violentamente en su vivienda y se la llevaron por la fuerza. Tras varios días sin avances, la Fiscalía General de la República (FGR) asumió la investigación mediante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

FGR atrae caso de Roxana Guzmán; crece presión por esclarecer desaparición de periodista en Veracruz

Asesinato a Luis Ángel López

Días después, el 11 de junio, fue asesinado el reportero policiaco Luis Ángel López Valdez, quien trabajaba para Vanguardia de Veracruz y dirigía el medio Reportaje Policiaco Veracruzano.

El comunicador fue atacado en Poza Rica mientras conducía un taxi, actividad que realizaba ante la precariedad económica que enfrenta parte del gremio periodístico. La Fiscalía estatal informó que recibió múltiples impactos de arma de fuego.

ARTICLE 19 condena y documenta el asesinato de Luis Ángel López Valdez, reportero de @Vanguardia_Mx, registrado la madrugada de hoy 11 de junio, en Poza Rica, Veracruz.

Exigimos a @FGE_Veracruz investigar de manera diligente y expedita aplicando el Protocolo Homologado de… pic.twitter.com/0HI8zRBsAw

— ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) June 11, 2026

López Valdez contaba con medidas cautelares de protección desde febrero de 2026, luego de denunciar amenazas y presuntos actos de hostigamiento.

El caso de “Lafita” León: periodista acusado de terrorismo

Otro episodio que generó polémica fue la detención del periodista veracruzano Rafael León Segovia, conocido como “Lafita León”, ocurrida en diciembre de 2025.

El comunicador fue detenido por policías ministeriales en Coatzacoalcos y acusado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz de delitos como terrorismo, encubrimiento y ataques contra instituciones de seguridad.

La acusación provocó críticas de organizaciones como ARTICLE 19, que señalaron un posible intento de criminalizar la labor periodística debido a sus coberturas sobre violencia y presunta corrupción policial.

Tras la presión pública, un juez descartó el delito de terrorismo y posteriormente un juez federal otorgó un amparo que permitió su liberación.

El caso también generó cuestionamientos sobre la actuación del gobierno estatal encabezado por Rocío Nahle, quien inicialmente defendió el proceso legal y posteriormente afirmó que “no hay terrorismo en Veracruz ni en México”.

Con información de Político MX