Saltillo.- Una madre de familia alzó la voz ante lo que considera un proceso marcado por irregularidades y una aparente falta de protección institucional para sus hijas, luego de denunciar a su expareja, Roberto, identificado como funcionario del Registro Estatal de la Propiedad, por presuntos actos de abuso en perjuicio de dos menores de edad.

La mujer, quien solicitó mantener en reserva su identidad por temor a represalias, aseguró que el procedimiento judicial ha transcurrido durante casi un año sin avances definitivos, situación que —afirmó— ha profundizado la incertidumbre y el desgaste emocional de su familia.

La inconformidad se intensificó tras la audiencia celebrada el pasado 10 de junio, cuando la autoridad judicial determinó no imponer prisión preventiva al señalado.

De acuerdo con la representación legal de las víctimas, el imputado enfrenta además antecedentes de denuncias relacionadas con presunta violencia y señalamientos de abuso derivados de una relación anterior.

El caso involucra a dos niñas, de 13 y 9 años de edad, quienes, según la denuncia presentada ante las autoridades, habrían sido víctimas de su propio padre, sin embargo, durante la audiencia de imputación, la jueza Sandra Juárez consideró improcedente la medida cautelar solicitada por la parte acusadora, al estimar que no existían elementos suficientes para acreditar un riesgo posterior a los hechos denunciados.

La defensa de las menores sostuvo que dentro de la carpeta de investigación obran antecedentes relacionados con otras dos hijas de una relación previa del señalado, incluyendo el testimonio de una de ellas, hoy mayor de edad, quien compareció como parte del proceso.

Asimismo, la madre denunciante aseguró haber enfrentado situaciones que identifica como violencia vicaria y acusó constantes obstáculos durante el procedimiento, incluyendo presuntas inconsistencias administrativas y extravío de documentación en distintas instancias.

Según el testimonio de la mujer, el acusado habría minimizado las medidas de restricción impuestas en su contra e incluso se habría mostrado confiado respecto al resultado del proceso legal.

Familiares cercanos al caso señalan que, debido a su posición como funcionario y a presuntas relaciones dentro del ámbito institucional, existe la percepción de que el imputado ha obtenido resoluciones favorables.

Con una nueva audiencia programada para este lunes, la familia insistió en su llamado para que el caso sea atendido conforme a derecho, con prioridad en la protección y el interés superior de las menores involucradas.

Así mismos convocaron a una manifestación este lunes 15 de junio, en punto de las 10:00 horas am exterior del Centro de Justicia Penal, misma hora en la que se llevará a cabo la siguiente audiencia en el proceso judicial.