Además del torneo de la copa del mundo de fútbol, que ya ha iniciado, de forma casi simultánea tendrá lugar otro suceso igualmente o más relevante para México: la primera reunión formal del Consejo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) para su revisión el 1 de julio. A pesar de que técnicamente el acuerdo comercial está “garantizado” por 16 años desde su entrada en vigor en 2020, la realidad es que el contexto internacional ha cambiado, pues Estados Unidos ha redefinido los límites del derecho internacional y los acuerdos comerciales en el mundo.

Entre los factores a considerar, está el que México es sumamente dependiente del mercado estadounidense, con más del 80% de nuestras exportaciones dirigidas hacia Estados Unidos, además de los reportes emitidos por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), sobre barreras no arancelarias, donde señalan a nuestro país de no estar cumpliendo con lo acordado en el TMEC.

Así, frente a una administración estadounidense que valora las demostraciones de fuerza,, y un escenario de dependencia comercial, México se está quedando corto en los perfiles que serán los que encabecen las negociaciones: Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, y Roberto Velasco, Canciller.

Con datos del Banco de México, en 2025 México exportó 551.9 billones de dólares en mercancías a Estados Unidos, lo que representa el 83% del total de exportaciones que hace nuestro país al mundo, donde Ciudad de México y estados como Nuevo León, Jalisco, Chihuahua y Baja California apoyan sus economías. En importaciones, Estados Unidos también es nuestro principal socio, pues importamos 249.7 billones de dólares en mercancías, lo que representa 37.6% de nuestras importaciones totales, teniendo a China como segundo socio, con 133.2 billones de dólares, o 20% del total de importaciones que realiza nuestro país.

De forma reciente, un reporte del USTR movió a México de una lista de vigilancia prioritaria con respecto del derecho intelectual y demás regulaciones propietarias tanto en bienes digitales como físicos, a una lista de vigilancia “regular”. Hasta hace poco, la USTR describía que México “históricamente tuvo agencias de investigación y regulatorias equipadas con conocimiento y autoridad para actuar contra la pirateria y el contrabando. Sin embargo, actualmente, México opera con recursos reducidos para múltiples agencias gubernamentales, donde las investigaciones y la persecución de crímenes como el contrabando y pirateria es prácticamente inexistente”.

Este parece ser el tenor de todas las observaciones que ha realizado esta dependencia en la relación comercial con México: retrasos, ineficiencia, irregularidades, e ilegalidad. Si nos vamos a otras áreas relevantes, encontramos que en términos médicos, se señala a la Cofepris de estar constantemente corto de personal, por lo que no puede cumplir con los periodos de tiempo acordados para la introducción de productos médicos inclusive cuando éstos ya han sido aprobados por su homólogo estadounidense (la FDA).

En términos de cuerpos regulatorios autónomos, señalan preocupación por la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pues éstos fueron sustituidos por la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), que operará bajo la Secretaría de Economía y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que operará bajo el Poder Ejecutivo a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

En términos energéticos, expresan preocupación por la desaparición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, que serán sustituidos por la Comisión Nacional de Energía, que operará bajo la Secretaría de Energía, además de señalar que el gobierno mexicano unilateralmente impide la participación de empresas privadas lo que limita la capacidad operativa de las compañías de Estados Unidos. Adicionalmente, reporta que para diciembre de 2025, existía un adeudo a compañías estadounidenses por 2.5 billones de dólares por parte de Pemex.

En términos de Estado de Derecho, expresan preocupación por las “recientes reformas constitucionales” que dieron pie a la elección de personas juzgadoras, pues habrá impedimentos significativos a la independencia judicial, lo que pone en cuestión la imparcialidad y protección a inversionistas estadounidenses.

Además de esto, empresas de Estados Unidos han reportado estar siendo sujetas a abusos por parte de la autoridad fiscal mexicana (SAT). En suma, se puede decir que en el contexto actual y ante la incertidumbre, nada queda descartado y todo está sobre la mesa.