Ciudad de México.– Bajo la premisa de que “producir no puede ser un delito”, el diputado federal Marcelo Torres Cofiño presentó un Punto de Acuerdo ante la Cámara de Diputados para exigir a las autoridades federales reglas claras que impidan que las empresas legales que transportan diésel para su propia maquinaria sean tratadas como redes de contrabando de hidrocarburos o “huachicol”.

La propuesta, emitida este martes 30 de junio de 2026 en el Palacio Legislativo de San Lázaro, responde directamente a las denuncias de organismos empresariales de la región de La Laguna. Los sectores productivos señalan que la falta de una regulación específica penaliza la productividad en ramos clave como la construcción, la minería, el campo y la industria pesada.

Vacío legal criminaliza el abasto operativo

El legislador coahuilense expuso que, actualmente, el traslado de combustible legítimo para alimentar tractores, excavadoras o plantas de luz enfrenta un vacío normativo. Esto provoca que las inspecciones federales deriven en interpretaciones discrecionales, multas millonarias, inmovilización de flotillas e incluso amenazas de prisión bajo leyes diseñadas para combatir al crimen organizado.

” “Combatir el huachicol es una obligación del Estado. Pero perseguir a quienes compran combustible legalmente para alimentar una excavadora, un tractor o una máquina industrial no fortalece la seguridad; únicamente castiga la productividad”, sentenció Torres Cofiño.

La propuesta: Permiso especial de hasta 5,000 litros

El Punto de Acuerdo exhorta a la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) a diseñar un mecanismo regulatorio simplificado que incluya:

– Permiso Especial de Autoconsumo: Un trámite ágil para amparar el traslado de entre 30 y 5,000 litros de combustible, destinados exclusivamente al uso de maquinaria propia.

– Criterios de inspección uniformes: Directrices claras para que los cuerpos de seguridad distingan en carretera a un comercializador de hidrocarburos de un productor final.

– Blindaje contra la discrecionalidad: Evitar la parálisis de obras públicas y privadas provocada por detenciones arbitrarias durante el tránsito de insumos básicos.

Agenda legislativa de largo plazo

Torres Cofiño adelantó que este exhorto es el primer paso de una estrategia integral. En las próximas semanas formalizará una iniciativa de reforma de ley para elevar estas garantías a rango federal de manera permanente, buscando que las políticas de seguridad energética de la federación dejen de asfixiar el dinamismo de la inversión y el empleo formal en el país.