Saltillo, Coah.- La investigación por el caso de “Rocky”, perro que fue arrastrado por una camioneta en el fraccionamiento Villa de San Miguel, ha escalado con nuevas diligencias ministeriales, detenciones, manifestaciones ciudadanas y una intensa polémica en redes sociales sobre la identidad del animal que permanece hospitalizado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abierta la carpeta de investigación por delitos cometidos contra seres sintientes. Como parte de las diligencias, agentes ministeriales realizaron un cateo en el domicilio relacionado con el caso, donde personal de Servicios Periciales aplicó el reactivo BlueStar, con el que detectó rastros de sangre que fueron incorporados a la investigación.

Posteriormente, se cumplimentó una orden de aprehensión contra Liliana “N”, señalada como presunta responsable del maltrato, mientras que su esposo, Jorge “N”, fue detenido por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia y amenazas contra la autoridad. Anoche mismo se dio paso a la audiencia inicial de la mujer.

Además, la FGE abrió el expediente clínico de “Rocky” para que médicos veterinarios externos, avalados por asociaciones protectoras de animales, revisen la atención brindada y corroboren tanto la identidad del perro como la gravedad de las lesiones.

Delicado

En medio del avance de la investigación, el director del hospital veterinario Pets Care, Humberto Vaca, difundió un video en el que aseguró que “Rocky” continúa con vida y permanece hospitalizado en estado delicado.

El médico veterinario explicó que el perro presenta un trauma medular agudo, además de múltiples lesiones derivadas del arrastre, por lo que continúa bajo tratamiento intensivo y vigilancia médica. Sin embargo, la publicación detonó una nueva controversia.

Asociaciones protectoras de animales ingresaron posteriormente al hospital veterinario para observar al paciente y, tras la visita, aseguraron que el perro mostrado en el video no corresponde al animal rescatado el día de los hechos.

De acuerdo con activistas y personas que participaron en el rescate, existen inconsistencias entre las lesiones observadas en el video viral y las que presenta el perro hospitalizado, además de diferencias físicas que, afirmaron, ponen en duda que se trate del mismo ejemplar.

En defensa

Ante los ataques y comentarios negativos en contra del establecimiento y del veterinario, el Colegio de Médicos Veterinarios en Coahuila emitió un posicionamiento.

En el documento a través del cual expresan su postura de respeto a la vida y de rechazo a todo tipo de violencia hacia los animales, mostraron su apoyo total hacia el colega de Pets Care por las difamaciones que se están realizando.

Reiteraron que el colegio cuenta con abogados y peritos en Medicina Veterinaria Forense dispuestos a colaborar con las instancias correspondientes para esclarecer este caso que trascendió durante el fin de semana.

“

Pedimos al público en general cordura y dejemos a las autoridades el hacer su trabajo, esto sin incitar a la violencia cibernética, verbal, física y de cualquier tipo hacia los animales y hacia nuestros semejantes”, reitera el comunicado en el que aseguran que no permitirán amenazas y/o agresiones, ni descalificaciones a quienes ejercen la profesión.

De igual forma, el Colegio de Médicos Veterinarios solicitó la protección y amparo hacia el profesionista y para el resto de quienes integran este gremio.

A la par, activistas y usuarios de redes sociales difundieron publicaciones en las que aseguraron que Liliana “N” habría obtenido un amparo para evitar su detención y que, por ello, las autoridades no pudieron cumplimentar inicialmente la orden de aprehensión.

Las versiones motivaron la convocatoria a una nueva manifestación pacífica para exigir justicia por “Rocky” y demandar que las investigaciones continúen sin privilegios.

Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía no ha confirmado la existencia de algún amparo ni que éste haya impedido la detención de la imputada. Por el contrario, horas después informó el cumplimiento de la orden de aprehensión y se dio paso a la audiencia inicial en contra de la mujer y posterior encarcelamiento preventivo.

Intentó indiciada ocultar pruebas

El esposo de Liliana “N”, Jorge Aburto, afirmó haber vivido con ella durante aproximadamente 16 años en Saltillo, con el propósito de acreditar su arraigo y desvirtuar un posible riesgo de fuga, para evitar que fuera internada en el Cerezo femenil.

Por su parte, el Ministerio Público expuso que Liliana “N” contaba con una identificación oficial expedida en 2017 con domicilio en la Ciudad de México y que nunca fue actualizada, argumento que utilizó inicialmente para sostener la posibilidad de que abandonara la ciudad.

No obstante, la jueza precisó que el principal motivo para imponer la prisión preventiva no fue el riesgo de fuga, sino la presunta alteración y eliminación de evidencia tras los hechos investigados.

En la misma audiencia, el Ministerio Público solicitó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, al señalar que aún faltan entrevistas con testigos, dictámenes periciales y otras diligencias.

Sin embargo, la jueza consideró que ese periodo era excesivo y fijó un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

Con información de Diana Rodríguez, Teresa Quiroz y Arturo Estrada