Saltillo.- La tarde de este 22 de julio, sujetos armados atacaron a balazos al alcalde de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero, quien murió minutos después dentro de las oficinas de la presidencia municipal. Con este crimen suman 14 ediles asesinados desde que comenzó el gobierno de Claudia Sheinbaum, un fenómeno que mantiene bajo presión a los gobiernos locales y vuelve a poner el foco en la seguridad de las autoridades municipales.

El ataque no fue el primero contra Lavín Romero: el pasado 31 de enero ya había sobrevivido a una agresión armada mientras circulaba por la carretera federal México-Oaxaca. Su asesinato reavivó la preocupación por la violencia que enfrentan los alcaldes, considerados por especialistas y organizaciones civiles como uno de los niveles de gobierno más expuestos a las agresiones del crimen organizado.

De acuerdo con el conteo de casos, en lo que va del sexenio se han registrado tres asesinatos de alcaldes en 2024, siete en 2025 y ya tres en 2026. Esta cifra representa la mitad de los homicidios de presidentes municipales ocurridos durante todo el sexenio anterior. Organizaciones como Data Cívica, que documentan la violencia política en el país, han advertido que este tipo de ataques mantiene una frecuencia constante, con un promedio cercano a un alcalde asesinado cada dos meses y medio.

Entre los alcaldes asesinados durante la actual administración destacan los casos de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, baleado durante la inauguración del Festival de las Velas el 1 de noviembre de 2025, y de Alejandro Arcos Catalán, edil de Chilpancingo, Guerrero, asesinado y decapitado apenas seis días después de asumir el cargo, el 6 de octubre de 2024.

La mayoría de estos casos continúa sin resolverse. Aunque algunas investigaciones han derivado en detenciones y procesos penales, en varios expedientes no hay personas detenidas ni avances relevantes informados por las fiscalías estatales. Los casos con mayor progreso judicial corresponden a los homicidios de Manzo Rodríguez, Miguel Bahena Solórzano (Pisaflores, Hidalgo), Salvador Bastida García (Tacámbaro, Michoacán) y Jesús Franco Lárraga(Tancanhuitz, San Luis Potosí), donde ya existen personas detenidas o vinculadas a proceso.

En contraste, los asesinatos de Acasio Flores Guerrero, Lilia Gema García Soto, Yolanda Sánchez Figueroa, Isaías Rojas Ramírez y Mario Hernández García permanecen sin resultados públicos relevantes, mientras las autoridades continúan las investigaciones para identificar y detener a los responsables.