Piedras Negras , Coah.- Tras la orden ejecutiva firmada el pasado martes por el gobernador texano, Greg Abbott, para indagar y sancionar a clínicas y unidades médicas estatales por impulsar el turismo de nacimiento o de parto, el congresista republicano de Texas, Brian Harrison, propuso el pasado miércoles que Texas frene la emisión de actas de nacimiento a hijos de quienes no sean ciudadanos y que el llamado “turismo de parto” sea tipificado como un delito grave.

Ante esta situación, en donde se pretende criminalizar la atención de salud de un sector minoritario como parte de las políticas antiinmigrantes, Piedras Negras y la Región Norte de Coahuila reciben a texanos, inmigrantes y personas que buscan acceder a una opción más económica para recibir atención médica, esto por ser más económica y accesible.

Tanto en clínicas privadas, pero como también en los consultorios públicos del Hospital General y de diferentes dependencias de salud, se reporta un incremento en las consultas y atención de personas que residen en Texas, la mayoría con residencias legales o incluso que ya cuentan con la ciudadanía y no ponen en riesgo su estatus legal.

Como ejemplo, ante la situación de “turismo de parto”, en Texas un nacimiento, sin complicaciones, podría alcanzar un costo de 20 mil dólares en una clínica o unidad médica, mientras que en Piedras Negras, el costo en una clínica privada sería equivalente a 4 mil dólares, una opción considerada rentable ante el incremento de los costos y la crisis que vive el sector salud en la Unión Americana.

Más candados a inmigrantes

A través de sus redes sociales, Harrison afirmó que la orden de Abbott representa únicamente el inicio de una estrategia más amplia y pidió la convocatoria de una sesión especial del Congreso de Texas para aprobar reformas cada vez más estrictas.

“Necesitamos una sesión especial para convertir el ‘turismo de parto´ en un delito grave. Texas debe dejar de expedir actas de nacimiento a personas que no son ciudadanas”, señaló el legislador y exfuncionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos en la primera administración del presidente Donald Trump.

Ante las políticas antiinmigrantes y las restricciones contra la comunidad mexicana, los migrantes enfrentan condiciones económicas menos favorables que otros grupos minoritarios en la Unión Americana.