Washington.- El presidente Donald Trump cuestionó el sábado la decisión de la fiscal federal de Washington, a quien él nominó, de retirar la demanda contra un exatleta olímpico acusado de dañar el gran estanque reflectante contiguo al Monumento a Lincoln.

La fiscal Jeanine Pirro solicitó el viernes retirar los cargos contra David Hearn, de 67 años, al afirmar que el daño al monumento “fue resultado de una instalación mal hecha y no a vandalismo”.

Hearn, que representó a Estados Unidos en canotaje en los Juegos Olímpicos de 1992, 1996 y 2000, había sido acusado de arrancar el revestimiento que cubría el fondo del estanque. Arriesgaba una pena de hasta 10 años en prisión.

“Estoy 100% en desacuerdo con Jeanine Pirro (…) no sé en qué estaba pensando”, escribió el presidente en su plataforma Truth Social.

“Pudo haber algunas dificultades con el contratista, pero el mayor daño fue causado por VÁNDALOS”, agregó.

De manera implícita, reconoció lo que se ha sospechado desde hace semanas: problemas en la renovación llevaron a que se cayera el revestimiento del estanque y proliferaran algas en la piscina.

La fiscal afirma que después de su inculpación recibió documentos del Departamento del Interior que muestran que el revestimiento había presentado múltiples problemas desde su instalación meses atrás.

Según estos informes, la obra estuvo marcada por retrasos ligados a las inclemencias del tiempo, dificultades técnicas reiteradas y una fuerte presión para concluir la obra antes de las celebraciones del 250º aniversario de Estados Unidos el 4 de julio.

Sin embargo, Doug Burgum, el secretario del Interior, de quien depende el Servicio de Parques Nacionales encargado de la gestión de los monumentos históricos, rechazó la decisión. Burgum sostuvo que los daños provienen de “vándalos” y denunció una “profanación”.

Hearn dijo al diario The Washington Post en junio que lo único que hizo fue meter la mano en el agua y sacar un trozo del revestimiento que estaba flotando y que, cuando se disponía a marcharse, fue arrestado.

Este proyecto, impulsado por Trump y estimado por la prensa estadunidense en unos 14 millones de dólares, fue adjudicado sin licitación a una empresa que ya había trabajado en uno de los campos de golf del republicano.