Ciudad de México.- El Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito confirmó la sentencia que obliga a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a desclasificar y entregar las versiones públicas de los contratos del software espía Pegasus.

La resolución llega cuatro años después de que la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) promoviera un amparo por el incumplimiento en la entrega de los acuerdos firmados en 2018 y 2019 con la empresa Comercializadora Antsua S.A. de C.V., vinculada al sistema de espionaje.

“Hay una deuda histórica, el uso de Pegasus se remonta a sexenios pasados”, señaló José Flores, integrante de R3D, en entrevista con El Universal. El activista explicó que el Tribunal desestimó el argumento de la Sedena, que sostenía la imposibilidad de transparentar la información, y confirmó que la dependencia ya había incurrido en desacato frente a una orden previa del extinto Inai.

Flores destacó que la organización lleva cuatro años exigiendo que la ciudadanía pueda conocer y examinar estas contrataciones, en un contexto donde el gobierno ha insistido en que sus herramientas tecnológicas no se usan con fines de espionaje. Consideró además que el fallo representa una oportunidad para que el gobierno federal respalde con hechos el próximo decreto de transparencia que prepara la presidenta Claudia Sheinbaum.

Origen del caso

La investigación “Ejército Espía”, publicada por R3D en 2022, documentó el uso ilegal de Pegasus por parte de la entonces Sedena para intervenir teléfonos de periodistas y defensores de derechos humanos. La pesquisa reveló al menos dos contratos —identificados como DN-10 SAIT-1975/P/2019 y DN-10 SAIT-1938/P/2018— por más de 140 millones de pesos, destinados a un supuesto “servicio de monitoreo remoto de información” que la Sedena había negado previamente.

En enero de 2023, el Instituto Nacional de Transparencia (Inai) ordenó a la dependencia entregar los contratos, pero en 2024 la Sedena reservó toda la información y desacató la instrucción. R3D presentó entonces una demanda de amparo, que fue concedida ese mismo año por un juzgado de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México.

La Sedena impugnó la sentencia mediante un recurso de revisión, argumentando que era imposible entregar una versión pública de datos clasificados en su totalidad como reservados. El caso pasó entonces al Tribunal Colegiado, que rechazó esos argumentos y ratificó que la información debe hacerse pública.

R3D espera ahora que las Fuerzas Armadas cumplan el mandato judicial, ya que el plazo para transparentar la información comienza a correr a partir de la notificación.

Antecedentes de espionaje

En 2017, R3D y Artículo 19 documentaron 76 intentos de infección con Pegasus contra periodistas y defensores de derechos humanos entre enero de 2015 y julio de 2016, entonces bajo responsabilidad de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), además de identificar a la Sedena entre las dependencias con acceso al software.

Flores recordó que la Comisión del caso Ayotzinapa también identificó el uso de Pegasus para espiar comunicaciones relacionadas con la desaparición forzada de los normalistas. “Empezando por Calderón que fueron las primeras adquisiciones de Pegasus, pasando por Peña Nieto y culminando en el sexenio de López Obrador”, explicó el investigador, al señalar el uso continuado de la herramienta por distintas administraciones. Aunque no se ha detectado su uso en el sexenio actual, dijo, Pegasus y otras herramientas similares permanecen en el arsenal del Ejército bajo el argumento de la seguridad nacional.