En los últimos días, Saltillo y diversas regiones de Coahuila se han visto sacudidas por desgarradores feminicidios que nos enfrentan a una realidad insoportable.

Entre las tragedias recientes que han consternado a la sociedad coahuilense destaca la de un hombre con antecedentes en la Marina estadunidense y participante en la guerra de Irak, cuya alteración y conducta violenta terminaron en un desenlace fatal.

Este horror local refleja una realidad nacional: en México se registran oficialmente más de 700 feminicidios al año, una cifra atroz que deja cientos de familias rotas y un dolor colectivo que no cesa.

Frente a esta crisis, la rabia y el luto son inevitables. Sin embargo, resulta repulsivo ver cómo cierta clase política aprovecha de inmediato cualquier tragedia para lucrar con el dolor ajeno con el inequívoco propósito de hacerse notar.

Muestra de ello es la postura del diputado y dirigente del PT en Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja, quien no pierde la oportunidad de politizar cualquier hecho de seguridad para arremeter contra sus adversarios, engañando a los ciudadanos con una demagogia oportunista.

Pretender que las autoridades puedan o deban adentrarse en la intimidad de las parejas para evitar malas elecciones personales o que son responsables directas de cada violencia pasional es una falacia absurda que busca especular con la desinformación.

Es indispensable entender los límites del Estado: las autoridades en sus tres niveles de Gobierno, municipal, estatal y federal, tienen la obligación constitucional de prevenir el delito mediante vigilancia y de castigar con severidad a los agresores en la procuración de justicia.

Sin embargo, el principio constitucional del libre desarrollo de la personalidad impide que el Gobierno intervenga preventivamente en la intimidad o en las elecciones afectivas de una persona.

Si el Estado prohibiera a alguien relacionarse con una persona violenta, incurriría en un paternalismo autoritario que vulneraría libertades fundamentales.

El verdadero drama social surge cuando decisiones estrictamente personales terminan convirtiéndose en un doloroso problema público.

Es común observar casos de mujeres que, cegadas por el enamoramiento o la ilusión de que “conmigo será diferente”, defienden permanecer con hombres de antecedentes peligrosos bajo el argumento de que “es su vida y nadie debe meterse”.

Lamentablemente, cuando la violencia estalla y la tragedia se consuma, las consecuencias devastan a padres, hijos y a toda una comunidad, quienes terminan afrontando el rescate de una crisis que pudo ser evitada con prudencia.

Ninguna promesa de amor vale la existencia, y ninguna bandera roja debe pasarse por alto en nombre del afecto. Más allá de las discusiones políticas y de la exigencia de justicia que corresponde a las autoridades, debemos entablar una conversación genuina, empática y humanista entre nosotros.

El instinto y las señales de alerta existen para salvarnos. Así que, cuidarse, dudar a tiempo, escuchar los consejos de la familia y salir corriendo ante el primer rasgo de agresión no es cobardía, sino el acto de valentía y amor propio más grande que una persona puede ejercer.

La vida es el tesoro más sagrado que poseemos; la madurez de nuestra sociedad empieza por la capacidad de protegernos, escuchar nuestra intuición y no arriesgar lo más valioso ante quienes sólo ofrecen violencia.