Ciudad de México.-  Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), llamó a la participación activa de los pueblos y comunidades en la construcción de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

En el Foro Académico Del reconocimiento constitucional a la transformación del Estado: la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas, señaló que se despliega un amplio ejercicio de consulta y participación comunitaria.

Detalló que el proceso contempla 82 asambleas regionales de consulta y siete mesas de trabajo, precedidas por visitas a miles de comunidades indígenas para presentar la propuesta normativa y promover su análisis en asambleas y talleres. El objetivo es recoger las propuestas, opiniones y saberes de los pueblos y comunidades para fortalecer la iniciativa antes de su envío al Congreso de la Unión.

En ese contexto, mañana 14 de agosto habrá asambleas en Campeche para los pueblos Maya, Ixil, Mam y Ch’ol; en Guanajuato se consultará a los pueblos Otomí y Chichimeco; en Nayarit, a los Cora y Wixárika; en Sonora, al pueblo Guarijío, y en Tlaxcala, a las comunidades Nahua y Otomí.

En redes sociales, el INPI expuso que “este 14 de agosto la palabra de los pueblos vuelve a ser el centro del proceso de Consulta Previa, Libre e Informada para construir colectivamente la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos”.

En el foro, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Rodrigo Gutiérrez Rivas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacó la relevancia histórica del debate sobre los derechos de los pueblos indígenas y la necesidad de avanzar del reconocimiento jurídico de sus derechos hacia una transformación efectiva de las estructuras del Estado.

Subrayó también la importancia de la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, particularmente por su amplitud y por las implicaciones que puede tener en ámbitos como la autonomía, el patrimonio cultural, las autoridades comunitarias y, de manera central, el derecho al territorio.

Asimismo, recordó que la historia de los derechos indígenas no ha seguido una trayectoria lineal de avances, por lo que consideró fundamental mantener una participación activa de los pueblos y comunidades en la construcción, vigilancia y aplicación de las normas que inciden directamente en su vida y sus territorios.

El encuentro fue moderado por Maira Olivo Paz, coordinadora del Programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Asistieron autoridades zapotecas, representantes de asociaciones civiles, académicos y estudiantes. Los panelistas destacaron la relevancia histórica de Oaxaca en el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, particularmente en materia de libre determinación, autonomía y sistemas normativos.

El titular del INPI hizo un recorrido por las principales reformas constitucionales en materia indígena, desde los avances registrados en Oaxaca durante la década de 1990 hasta la reforma constitucional del 30 de septiembre de 2024, un cambio fundamental al reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con facultades y competencias propias.

Señaló que la reforma de 2001 dejó pendientes mecanismos efectivos para ejercer la autonomía y que durante más de dos décadas persistió la ausencia de una legislación federal integral en la materia. Frente a ello, dijo, se explica el proceso actualmente impulsado por el Gobierno de México para construir una Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos mediante un amplio ejercicio de consulta y participación comunitaria.

Víctor Leonel Juan Martínez, director general de Derechos Humanos y Justicia Pluricultural de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que la reforma constitucional de 2024 representa un cambio histórico al reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, pero señaló que este avance sólo podrá hacerse efectivo mediante una legislación secundaria que garantice mecanismos reales para ejercer la libre determinación, la autonomía y el pluralismo jurídico.