Washington, D.C.– En lo que se perfila como la mayor medida de su tipo en la historia reciente de Estados Unidos, el gobierno norteamericano se prepara para revocar las visas de negocios y turismo de hasta 200 mil personas que, tras ingresar al país como visitantes de corta estancia, solicitaron asilo político.

La disposición, que se anunciará en las próximas semanas, afectará a los titulares de visados B1 (negocios) y B2 (turismo o tratamiento médico) emitidos entre 2016 y 2026, según revelaron documentos del Departamento de Estado y fuentes federales a The Associated Press.

Coordinación interinstitucional y postura oficial

El plan se implementará de manera conjunta entre el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

– El objetivo: Identificar a extranjeros que ingresaron con permisos de estancia temporal pero posterior a su arribo iniciaron trámites de residencia permanente vía asilo.

– Declaración oficial: Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, señaló que la cifra total de cancelaciones será “dinámica y gradual”, declinando fijar una meta definitiva mientras el proceso esté en marcha.

– Estatus legal: Funcionarios aclararon que la revocación de las visas B1/B2 no derivará en deportaciones automáticas inmediatas; la mayoría de los afectados serán reclasificados dentro del sistema migratorio mientras sus casos de asilo continúen en revisión.

Endurecimiento en la política migratoria

La medida se suma a una serie de restricciones implementadas por la administración del presidente Donald Trump en su segundo mandato, las cuales incluyen cobros de fianzas de tramitación, revisiones exhaustivas de redes sociales y vetos a ciudadanos de diversas naciones.

Sobre la controversia, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, criticó públicamente el uso de visados de turismo como vía de entrada previa a la solicitud de protección internacional, calificando la práctica como una laguna legal en la normativa de inmigración.

Contexto de cancelaciones y medidas previas

En los últimos 18 meses, las autoridades estadounidenses han cancelado cerca de 175 mil visas vinculadas a personas con antecedentes o cargos penales, así como por motivos de seguridad nacional. De igual forma, la administración mantiene el escrutinio sobre el denominado “turismo de parto”, buscando frenar el otorgamiento automático de la ciudadanía por nacimiento a hijos de visitantes temporales.