Ciudad de México.- La contratación y el abasto oportuno de medicamentos se han convertido en uno de los principales retos para la industria farmacéutica mexicana, en medio de retrasos en licitaciones públicas, nuevos requisitos regulatorios y el riesgo de desabasto en instituciones de salud.

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), la nueva licitación para la compra consolidada de medicamentos e insumos 2027-2028 —organizada por Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex)— inició con retraso: los contratos debieron estar listos desde septiembre para garantizar una transición adecuada, pero el fallo no se prevé hasta el 14 de septiembre de 2026, con inicio de contratos programado para el 1 de enero de 2027.

Rafael Gual Cosío, director general de Canifarma, advirtió que el nuevo etiquetado exigido para los medicamentos del sector público —que busca prevenir el robo y la reventa ilegal— representará un costo adicional cercano a los 10 mil millones de pesos para adecuar alrededor de 3 mil 600 millones de piezas. La cámara advirtió que esta exigencia podría llevar a algunos laboratorios a no participar en la licitación, lo que reduciría el número de proveedores disponibles y elevaría el riesgo de desabasto en hospitales públicos.

Otro factor que complica el panorama son los adeudos con proveedores. Según la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el gobierno acumuló retrasos de pago con al menos 50 laboratorios por más de 20 mil millones de pesos, cifra que se eleva a unos 40 mil millones de pesos al considerar a los laboratorios que no pertenecen a Canifarma.

A esto se suma la dependencia de insumos importados: cerca del 80% de las materias primas farmacéuticas utilizadas en México provienen del extranjero, lo que exige una logística compleja para garantizar que los medicamentos lleguen a tiempo y en condiciones adecuadas.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido el nuevo etiquetado, argumentando que no tiene fines propagandísticos sino que busca impedir el robo y la comercialización ilegal de medicamentos adquiridos con recursos públicos. Sin embargo, la industria insiste en que el problema de fondo no es solo el abasto, sino la falta de planeación en las compras gubernamentales y la expansión del mercado negro de fármacos.

Este antecedente se suma a la nulidad de la compra consolidada 2025-2026, declarada tras detectarse irregularidades administrativas que obligaron al gobierno a reasignar contratos mediante adjudicaciones directas para evitar afectaciones en el suministro.