“Bienaventurados sean los jóvenes, porque ellos heredarán la deuda nacional”.
Herbert Hoover

Apenas el 6 de septiembre la Secretaría de Hacienda mandó una carta a The Economist cuestionando un artículo en el que el semanario británico analizaba el hecho de que la deuda soberana mexicana, pese a tener grado de inversión, paga rendimientos de “bonos basura”. El escrito señalaba que el presupuesto de 2027, entregado al Congreso este 8 de septiembre, sería muy importante para definir si se mantiene esta situación. Me parece que el paquete no resolverá las dudas de los inversionistas sobre la economía mexicana.

El presupuesto no reduce la deuda pública, sino que la aumenta, a pesar de las promesas de López Obrador y Sheinbaum de que no endeudarían al país. Si bien prevé una disminución del déficit de 4.1 a 3.9% del PIB, planea contratar 1.7 billones de nueva deuda para cubrir el faltante.

La deuda pública se ubicaba en 10.5 billones de pesos en 2018, cuando López Obrador asumió el poder, y alcanzará 21.7 billones, un aumento nominal de 106%, en 2027. A mediados de 2026 representaba 143 mil pesos por persona. Como proporción del PIB pasó de 44.8 a 55 por ciento. Si esto no es endeudar el país, quizá los economistas de Hacienda deberían someterse a la prueba PISA:

El problema no es sólo que la deuda sigue creciendo, sino que, por las altas tasas de interés que debe pagar, su servicio es extraordinariamente caro. En 2018, según Gabriela Siller de Grupo Financiero Base, el costo financiero representaba 12.02% de los ingresos presupuestarios, pero en 2027 subirá a 17.21. En términos nominales el desembolso será de 1.57 billones de pesos. Lo peor es que el presupuesto sugiere que la deuda seguirá creciendo en los años venideros.

El presupuesto de 2027 no es austero. El gasto neto total tendrá un aumento real de 3.2% sobre el cierre estimado de 2026 para alcanzar un monto de 10.5 billones de pesos. Además, buena parte del gasto no se usará para los servicios que el Gobierno tiene obligación de proporcionar a los gobernados. Los programas sociales, tan eficaces para comprar votos, recibirán más de un billón de pesos. Los proyectos de inversión obtendrán 560,172.6 millones de pesos, pero la mayor parte, 255,592.2 millones, se irán a Pemex, una empresa que ha destruido más valor del que ha creado en los últimos años. El segundo destino de las inversiones, 150,875.6 millones, será la construcción de trenes condenados a perder dinero. De hecho, el Tren Maya, inaugurado por López Obrador en diciembre de 2023, seguirá recibiendo inversión pública, 17,158.8 millones. En cambio, Conagua tendrá solo 22,761.9 millones para infraestructura hídrica, a pesar de que debería ser la prioridad del régimen.

El Gobierno quiere llevar los ingresos tributarios a un máximo histórico, 6.3 billones de pesos, 5.9% más de lo recaudado en 2026, para alcanzar 15.9% del PIB. Dice que logrará la meta sin subir impuestos, pero el problema es que Hacienda sugiere que aumentará la recaudación apretando más a los contribuyentes formales sin formalizar a más empresas y trabajadores.

Un presupuesto no es sólo un documento lleno de números que guía el gasto gubernamental, sino un verdadero proyecto de nación. La 4T nos está diciendo en este que su prioridad son las transferencias sociales y no la prosperidad del pueblo, que la inversión pública no tiene por qué ser productiva, que no le interesa formalizar la economía y que seguirá exprimiendo a los contribuyentes cautivos. También nos dice que seguirá endeudando a México, sin importar el costo para la sociedad.

Empleos y patrones

En agosto se registraron en el IMSS 38,319 nuevos puestos de trabajo, un aumento de sólo 0.2% en el mes. En un año fueron 343,556, cuando deberíamos estar generando un millón al año. Lo peor es que en 12 meses se han perdido 28,228 registros patronales, el 2.7 por ciento.