En 1925, cuando México aún sufría los estertores de la lucha revolucionaria, se creó el Banco de México. Este acto incluyó el establecimiento del “encaje legal”, mecanismo que otorgaba al banco la facultad de retener un porcentaje de los depósitos para garantizar la viabilidad de las instituciones financieras.

Ese encaje legal era una copia de un mecanismo similar aplicado por la Reserva Federal de Estados Unidos.

Con el tiempo, el encaje sufrió modificaciones en sus porcentajes. Sin embargo, con la llegada de los gobiernos populistas, buena parte de esos recursos comenzó a utilizarse en programas de desarrollo, con las consabidas sanguijuelas del sistema político.

Con el orden exigido por el Banco Mundial, el encaje legal fue modificándose bajo elegantes denominaciones que, en realidad, hicieron a un lado la responsabilidad del Banco de México sobre la banca, recién privatizada entre cuates.

Esto abrió la puerta a un flujo masivo de capitales privados mexicanos hacia el extranjero. Algunos de esos movimientos fueron disfrazados como créditos otorgados a grupos industriales.

Cuando el ingenuo Ernesto Zedillo confió a varios industriales mexicanos su intención de realizar una devaluación, muchos de ellos, propietarios recientes de instituciones bancarias, se despacharon como diputados con viáticos: compraron dólares “porque iban a subir”. Este episodio fue conocido coloquialmente como “el error de diciembre”.

México ya tenía experiencia en padecer los desastres provocados por el presidente saliente. Sin embargo, con una economía cada vez más conectada con el entorno global, la crisis generó situaciones de pánico. Ante ello, el presidente Bill Clinton concedió un crédito enorme para atenuar los efectos del crack nopalero, denominado “Efecto Tequila”.

Por supuesto, se establecieron medidas para apoyar a los deudores en desgracia, pero también —hay que decirlo claramente— se abrió la oportunidad para que muchos vivales inventaran adeudos y obtuvieran apoyos millonarios.

Muchos de esos sinvergüenzas no contaban con que los mecanismos de seguimiento permitirían localizarlos, encarcelarlos y obligarlos a pagar sus adeudos. Personajes relacionados con Televisa y propietarios de bancos se vieron, personalmente o a través de sus familias, exhibidos y afectados por su audacia.

Numerosas familias de clase media sufrieron durante aquella época. Automóviles nuevos, casas y otras propiedades tuvieron que ser devueltos a los acreedores ante la imposibilidad de continuar pagándolos, en medio de una tragedia nacional que parecía repetirse.

Ahora, el tema únicamente sirve para intercambiar afrentas, como si se tratara de una pelota de ping-pong entre parásitos del gobierno que, por el momento, se encuentran en bandos contrarios.