Saltillo, Coah.- Rocky lleva dos meses sin poder regresar a casa. Aunque su dueño solicitó formalmente la entrega de su cuerpo para cremarlo, los restos del perro gran pirineo que murió tras ser arrastrado por una camioneta en el fraccionamiento Villas de San Miguel continúan bajo resguardo del Servicio Médico Forense (Semefo).

Contrario a la versión de que nadie ha acudido a reclamarlo, la representante legal de Jorge Garza aseguró que desde hace un mes presentó un escrito ante la Fiscalía General del Estado para recuperar los restos de su mascota; sin embargo, las autoridades le habrían negado la entrega.

De acuerdo con su versión, durante el trámite, personal de la Fiscalía les cuestionó sobre el destino que daría al cuerpo de Rocky, a lo que se respondió que su intención era cremarlo.

No obstante las autoridades indicaron que no podía realizar dicho procedimiento y que los restos del animal tendrían que ser sepultados, lo que generó una discrepancia que hasta el momento ha impedido que recuperen el cuerpo.

Rocky permanece en el Semefo, donde se le practicó una necropsia para determinar las causas de su muerte y sus restos quedaron bajo resguardo como parte de las investigaciones que continúan en curso.

Hasta el momento, se desconoce si existe alguna disposición legal o requerimiento pericial que impida la cremación del animal, así como los motivos específicos por los que la Fiscalía habría condicionado la entrega de sus restos.

Luego de su rescate lo llevaron a la veterinaria Pets Care ubicada cerca del lugar de la agresión, donde el panorama era muy difícil para el perro.

El diagnóstico fue un Síndrome Inflamatorio Generalizado, un traumatismo medular agudo y daño neurológico severo, a pesar de que lo trataron de mantener estable, Rocky murió el miércoles 22 de julio.

Al mismo tiempo que se realizaron marchas y concentraciones en las que pidieron justicia por su muerte, Liliana fue internada en el CERESO femenil de Saltillo, tras la medida cautelar de prisión preventiva impuesta parte de un juez.

Para la investigación complementaria se dieron tres meses de plazo, por lo que será a finales del mes de octubre que se convoque a una audiencia intermedia, para presentar pruebas por parte del ministerio público y la defensa de la imputada.