Ciudad de México.- La Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya cuenta con pruebas suficientes para evaluar la apertura de una investigación formal en contra del Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, derivado de una campaña sistemática de persecución y espionaje ilegal contra periodistas y defensores de derechos humanos en México, concluyó un análisis del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley (UC Berkeley).

Dicho análisis, liderado por Lindsay Freeman, fija una ruta de elementos doctrinarios y probatorios para abrir un “examen preliminar” por crímenes de lesa humanidad, pues establece que entre 2018 y 2024, el Gobierno mexicano implementó una estrategia de hostigamiento que se reflejó en la identificación de dos mil 827 fragmentos (en las mil 437 mañaneras del presidente) en los que denostaba a periodistas.

La directriz reconoce que actos como la vigilancia intrusiva sin orden judicial, las campañas digitales de acoso y la estigmatización desde el poder público pueden encuadrarse bajo la figura del crimen de lesa humanidad de persecución.

Al haber sido catalogados como “opositores” al proyecto político de la Administración federal, las agresiones cibernéticas y físicas articuladas por el Estado mexicano configuraron la mayor prueba previa para que la CPI investigue por primera vez la represión digital como un crimen internacional.