Comúnmente, la arquitectura de las instituciones suele proyectar las aspiraciones de una sociedad, pero pocas veces logra, por sí sola, transformar la realidad cotidiana de sus ciudadanos. La reciente entrega de la Ciudad Judicial en Saltillo, un imponente recinto de casi 14 mil metros cuadrados y una inversión superior a los 347 millones de pesos, pudiera representar la firme visión transformadora del magistrado presidente Miguel Felipe Mery Ayup por edificar un sistema de justicia a la altura de los tiempos modernos.

Quienes sumamos más de un cuarto de siglo en el litigio conocemos de cerca las luces y sombras del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza; hemos visto épocas complejas, pero también momentos de enorme valía guiados por jueces decanos, experimentados y comprometidos con la verdad. Sin embargo, y a pesar de que aún hay pocos de ellos, la justicia en Coahuila atraviesa hoy por un bache operativo tan profundo que ni las más suntuosas instalaciones parecen capaces de solucionar.

El abismo que actualmente divide al proyecto de su ejecución no se encuentra en la infraestructura, sino en la inercia e insensibilidad del capital humano. El esfuerzo institucional por migrar hacia lo digital a través del Sistema de Administración de Justicia Inteligente (SAJI) tropieza de manera sistemática con la pasividad y el desinterés de un sector del personal. Mientras en entidades vecinas el trámite electrónico agiliza con éxito la vida procesal, en Coahuila el SAJI permanece paralizado. El fallo no reside en el software ni en el origen de los recursos invertidos, sino en la resistencia de funcionarios que se niegan a operar con la diligencia que exige su investidura.

A esta apatía burocrática se suma un desconcertante abanico de criterios judiciales mismos que, en lugar de consolidar certezas procesales, hacen que el gobernado enfrente a juzgadores que ante presupuestos idénticos dictan resoluciones contradictorias, alejándose de la imparcialidad y vulnerando la seguridad jurídica del cualquier usuario. El personal administrativo y operativo, lejos de asumir con orgullo el compromiso histórico de estrenar la nueva sede, ha quedado a deber de forma preocupante.

Ahora, el presidente Mery Ayup ha insistido, con razón, en solicitar un incremento presupuestal para fortalecer las capacidades del Poder Judicial. La intención, sin duda, es acertada, pero resulta inútil inyectar más recursos financieros a una maquinaria cuyos engranajes humanos están oxidados. La modernidad no se compra con ladrillos ni con computadoras si quienes atienden la barandilla o firman las providencias carecen de vocación de servicio.

Para que la histórica inversión de los coahuilenses adquiera sentido social, el Tribunal Superior de Justicia requiere emprender una evaluación rigurosa y sin concesiones. Es urgente depurar la nómina y remover a aquellos servidores públicos cuyo desinterés sabotea la transformación del sistema. Si el presidente del tribunal no toma cartas en el asunto con mano firme, la Ciudad Judicial corre el riesgo de quedarse en un deslumbrante cascarón arquitectónico, o lo que es lo mismo: paredes de cristal habitadas por voluntades de piedra.