Caracas, Venezuela.– El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró este jueves la constitucionalidad del proyecto de reforma parcial a la Ley contra el Odio, dando aval al Parlamento para iniciar el debate legislativo sobre un estatuto ampliamente cuestionado por organizaciones no gubernamentales por su uso como mecanismo de persecución política.

A través de una sentencia de la Sala Constitucional, el máximo tribunal dio luz verde para continuar con la discusión formal dentro de la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, luego de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, admitiera públicamente el uso abusivo de esta normativa y solicitara su revisión.

Antecedentes y pronunciamientos oficiales

La llamada Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia fue aprobada en noviembre de 2017 por la extinta Asamblea Nacional Constituyente a petición del Ejecutivo nacional, estableciendo penas de hasta 20 años de prisión para quienes incurran en los denominados “delitos de odio”.

– Impulso parlamentario: La solicitud de reforma fue elevada al Poder Legislativo en septiembre pasado por Delcy Rodríguez, quien reconoció fallas en la aplicación del marco legal vigente por parte de los órganos estatales.

– Proceso legislativo: Con la resolución emitida por la Sala Constitucional del TSJ, el proyecto queda habilitado para ser discutido y, en su caso, ratificado por la Asamblea Nacional presidida por Jorge Rodríguez.

Cuestionamiento ciudadano y de DD. HH.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han reiterado la exigencia de derogar la ley, al señalar que se ha empleado para criminalizar la libertad de expresión y la disidencia política.

– Foro Penal: La organización no gubernamental reportó este mes que al menos 927 personas han sido acusadas del delito de “incitación al odio” desde la promulgación de la norma en 2017.

– Espacio Público: La ONG ha denunciado de forma sostenida que la legislación funciona como una herramienta punitiva contra ciudadanos, periodistas y opositores que emiten opiniones críticas dirigidas hacia las autoridades o sectores del poder público.