Londres, Reino Unido.– Las obras de la escritora irlandesa Sally Rooney dejarán de distribuirse en el Reino Unido luego de que la autora anunciara su intención de destinar las regalías de sus libros a Palestine Action, agrupación clasificada como organización terrorista por el gobierno británico.

La medida fue confirmada este miércoles tanto por la autora de Gente normal como por su casa editorial, Faber & Faber, la cual precisó que la suspensión de la comercialización aplica únicamente para el territorio británico y en todos los formatos, mientras que la venta continuará de forma habitual en el resto del mundo.

Argumentos editoriales y postura de la autora

La decisión se fundamenta en las restricciones legales impuestas por el marco normativo antiterrorista del Reino Unido, que prohíbe el flujo financiero hacia entidades proscritas.

– Posición de Faber & Faber: La editorial explicó que la legislación vigente les impide transferir a Rooney los ingresos generados por sus ventas en suelo británico, situación que calificaron como inaceptable para el ejercicio editorial.

– Declaración de Rooney: La novelista sostuvo que se mantendrá firme en sus principios y asume el impacto de la medida: “He hecho todo lo posible por ser sincera con el público acerca de mis creencias e intenciones, y estoy totalmente dispuesta a aceptar las consecuencias”, declaró.

Trasfondo legal de Palestine Action

Palestine Action fue incluida en la lista de organizaciones proscritas tras un operativo registrado en junio de 2025 en la base aérea de Brize Norton de la Real Fuerza Aérea, derivado de sus acciones contra firmas de defensa vinculadas a Israel.

– Batalla judicial: La proscripción de la colectiva ha atravesado diversos recursos legales. En febrero, el Tribunal Superior falló a favor de una impugnación presentada por la cofundadora Huda Ammori, pero el Tribunal de Apelación revocó dicho dictamen en junio. El caso se encuentra actualmente pendiente de revisión por el Tribunal Supremo.

– Detenciones y críticas: La proscripción del grupo ha derivado en la detención de más de 3,000 personas por portar pancartas de apoyo, generando cuestionamientos por parte de diversas organizaciones defensoras de las libertades civiles en la región.