El colapso de Altos Hornos de México (AHMSA) demanda una intervención urgente y comprometida del Gobierno federal para rescatar la capacidad productiva de la Región Centro y proteger la fuente de sustento de más de 13 mil familias.

Lo sucedido con la siderúrgica cruza la frontera del fracaso financiero para convertirse en una tragedia de simulación política y judicial. El verdadero trasfondo de este conflicto va más allá de la compra de Agronitrogenados iniciada en 2013; si no que, responde a una revancha política por el desdén que Alonso Ancira mostró hacia Andrés Manuel López Obrador cuando este pasó la charola en la Región Centro durante sus campañas presenciales y no recibió el respaldo esperado.

La persecución desatada a partir de mayo de 2019 con el congelamiento de cuentas y la orden de aprehensión fue el cobro de esa afrenta personal. Aunque se pactó un pago reparatorio de 216.6 millones de dólares, la estrangulación operativa a través del SAT, Pemex y la CFE, que cortó la energía eléctrica, terminó por ahogar la liquidez y paralizar los hornos de la empresa, conduciendo inevitablemente a la declaración formal de quiebra de AHMSA y Minosa el 7 de noviembre de 2024.

Desde entonces, la estrangulación política y el desdén centralista ha mantenido en el desamparo a Monclova. El colmo de este calvario ocurrió recientemente: tras presentar el 25 de septiembre de 2026 una oferta de mil 400 millones de dólares para adquirir la planta, la empresa Ciesa, representada por José Arturo Domínguez, incurrió en una burla procesal al depositar apenas 5 mil pesos de la garantía obligatoria de 56.3 millones de dólares. Al vencer el plazo definitivo el 13 de octubre de 2026 sin que ningún postor respaldara su postura, la jueza Ruth Haggi Huerta desechó la oferta y dio vista a la FGR por posible falsedad de declaraciones.

Con la caída de este último intento de compra y la apertura del plazo de 90 días naturales para que el consorcio de acreedores garantizados, integrado por firmas como Cargill y Banca Afirme, evalúe una ruta de adquisición integral, el Gobierno federal debe asumir un rol activo. Se requiere facilitar la reestructuración de pasivos públicos con CFE, Pemex y el SAT, garantizar la continuidad de la unidad productiva y articular una estrategia financiera decidida que proteja la producción nacional y devuelva el trabajo digno a los miles de afectados.

Esta es la única alternativa aceptable, ya que con ella se busca evitar la venta de la planta por partes y priorizar la cobertura de los pasivos laborales acumulados por más de cuatro años que tanto han afectado a los trabajadores y sus familias en Monclova.

En resumen: las autoridades federales no pueden escudarse en el discurso simplista de que por ley primero se le debe pagar a los trabajadores. Cumplir los derechos laborales es un mandato legal obvio e innegociable, pero usar esa premisa como excusa para eludir la responsabilidad histórica de rescatar la industria es una postura indolente. Repetir promesas vanas mientras la planta se vende por partes para convertirse en chatarra a precio de remate sentenciaría a Coahuila a la extinción acerera.

Coahuila no requiere más dilaciones ni engaños procesales; la Federación tiene la obligación moral e industrial de actuar para reactivar los hornos de la Región Centro.