Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que nunca da instrucciones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y sostuvo que hacerlo sería ilegal porque respeta la autonomía del Poder Judicial.

La Mandataria rechazó que su Gobierno controle al máximo tribunal, luego de que se cuestionara la influencia del Ejecutivo sobre el Poder Judicial tras la elección popular de ministros y juzgadores.

“ No, pero no le doy instrucciones yo a la Corte. Pues estaría muy mal, sería ilegal”, respondió Sheinbaum durante su conferencia matutina, en la que aseguró que existe coordinación entre poderes, pero negó que intervenga en las determinaciones de los ministros.

Apenas el 8 de septiembre, la Presidenta pidió a los nuevos ministros reducir más sus prestaciones, al presentar una comparación entre los beneficios de los anteriores integrantes de la Corte y los actuales, entre ellos salarios, seguros, vehículos y gastos de telefonía.

“ Teléfonos celulares, había varios, un equipo por Ministro. Todavía le podrían bajar un poquito, eh. Yo pago mi teléfono celular, por ejemplo”, expresó entonces, al señalar que todavía existían conceptos susceptibles de reducción.

El 19 de agosto, Sheinbaum también rechazó que la Corte pretendiera recuperar los seguros de gastos médicos mayores con cargo al presupuesto público y pidió a los ministros atenderse en las instituciones públicas de salud o pagar esas pólizas con sus propios ingresos.

“ No está bien, esa es mi opinión. No a los privilegios”, declaró en aquella conferencia, en la que sostuvo que los servidores públicos debían ajustarse a los principios de austeridad y no utilizar recursos públicos para contratar seguros privados.

La Presidenta también ha formulado llamados al Tribunal de Disciplina Judicial, creado con la reforma de 2024, para que revise la actuación de juzgadores, mientras que la Consejería Jurídica del Ejecutivo ha planteado que ese órgano intervenga ante posibles irregularidades en resoluciones judiciales.

El 16 de julio, Sheinbaum pidió públicamente al Tribunal de Disciplina revisar un caso relacionado con la actuación de un juez, al considerar necesario que el nuevo organismo analizara su desempeño.

“ Y lo tercero, un llamado al Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial para que revise el caso de este juez”, expresó en aquella ocasión.

Seis días después, la Consejera Jurídica, Luisa María Alcalde, sostuvo que el Tribunal de Disciplina debía intervenir frente a posibles irregularidades cometidas por juzgadores al conceder suspensiones en asuntos relacionados con delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa.

“ Claro que se trata de responsabilidades graves en donde debería actuar el Tribunal de Disciplina”, manifestó la funcionaria, aunque reconoció que desconocía si existían investigaciones abiertas sobre los casos señalados.

En junio de 2025, el Gobierno federal también pidió a la Corte resolver litigios fiscales pendientes de Grupo Salinas, después de presentar un informe sobre los adeudos de sus empresas, que entonces acumulaban más de 74 mil millones de pesos en distintas instancias judiciales.

La Suprema Corte resolvió en noviembre de ese año siete litigios fiscales relacionados con empresas de Ricardo Salinas Pliego y dejó firmes resoluciones sobre créditos fiscales que, con actualizaciones y recargos, superaban los 47 mil millones de pesos.

Durante la conferencia de este viernes, Sheinbaum insistió en que los ministros tienen libertad para resolver los asuntos de su competencia y que ella no interviene en sus determinaciones.

“ Pero nunca instruyo a la Suprema Corte, porque es otro poder y soy respetuosa de la autonomía de la Corte”, sostuvo la Mandataria, quien recordó que los actuales integrantes del máximo tribunal llegaron al cargo mediante una elección popular.

El tema fue abordado por la Presidenta luego de ser cuestionada sobre las solicitudes ciudadanas relacionadas con problemas legales, incluidos casos de personas detenidas cuyos familiares consideran que son inocentes.

En respuesta, Sheinbaum explicó que algunas peticiones dependen de resoluciones de jueces o ministerios públicos.