Guadalajara, Jal.– Los cuatro hombres cuya situación jurídica seguía sin precisarse tras ser detenidos con lujo de violencia el domingo pasado durante la manifestación contra el agua contaminada a las afueras de Casa Jalisco, fueron vinculados a proceso este viernes por lesiones y resistencia de particulares por el juez de control, Francisco Javier Castellanos de la Cruz.

Lo anterior fue calificado por la abogada, Alejandra Cartagena, del equipo legal que acompaña la defensa de Samuel Morales Navarro, Alexis Daniel Guzmán Ríos, Teodoro Jesús Torres Valdez y Juan Darío Muñoz Nava como una “situación frustrante que deja en claro que se trata de un mensaje para todas y todos los que se manifiestan”.

Aunque los cuatro seguirán su proceso penal en libertad, Castellanos les dictó medidas cautelares para que acudan a firmar de manera periódica a Puente Grande durante seis meses.

Samuel, de 24 años, es repartidor de Rappi y según declaró su madre Claudia Morales, no participaba en la manifestación sino que esperaba un pedido cuando fue agredido y detenido por los policías estatales, quienes además le robaron su motocicleta, su casco, su mochila y su celular.

Alexis Daniel es un joven cineasta quien acudió a documentar la protesta, mientras Teodoro Jesús es un empleado y padre de familia, y Juan Darío es estudiante universitario y trabajador.

Con esta decisión del juez Castellanos son seis de las 39 personas detenidas el domingo quienes están vinculadas a proceso penal, completando la lista Israel Rosas Flores e Iván Salazar Reynoso, cuya situación jurídica quedó decidida en audiencia del 13 de octubre.

El estatus legal del grupo de 39 personas detenidas e internadas en Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador, Pablo Lemus, y dentro de la cual según los testimonios siguieron siendo golpeadas, insultadas y vejadas, es contrario a lo que Lemus anunció respecto a que “absolutamente todos” los detenidos ya estaban en libertad.

Y es que aunque sólo seis fueron vinculados a proceso, las restantes 33 personas están bajo reservas de la ley, es decir la fiscalía de Jalisco sigue integrando las carpetas de investigación y podrían ser llamadas a cuentas si el juez o el agente ministerial así lo deciden.

El juez Castellanos
El juez sexto de lo penal de Jalisco, Francisco Javier Castellanos, tiene un historial en el cual se puede encontrar que en noviembre de 2025 vinculó a proceso a ocho manifestantes en la llamada marcha de la generación Z -que se quejaba por el aumento al precio del transporte público otorgado por Lemus- y también es señalado por organizaciones civiles de haber ignorado pruebas de tortura en otro caso, en el cual la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 39/2024.

El 20 de noviembre de 2025 Castellanos resolvió la situación jurídica de los 40 detenidos enviados al complejo penitenciario de Puente Grande, de los cuales 32 fueron liberados sin cargos al no encontrarse elementos suficientes en su contra.

Con cara de enojo y alzando las cejas y la voz, un día antes el 19 de noviembre, el gobernador Lemus declaró que los detenidos se quedarían en prisión, bajo procesos penales que los mantendrían con penas de 3 a 10 años.

“Si quisieron venir al estado, aquí se van a quedar”, dijo Lemus entonces, señalando que varios fueron enviados “desde el estado de México y Michoacán” en camiones, para actuar como grupo de choque y causar disturbios.

Aunque el juez Castellanos liberó a 32 porque la fiscalía no pudo acreditar su participación en los disturbios, los otros ocho sí quedaron en prisión por el delito de daño a monumentos históricos en el centro de Guadalajara y les dictó prisión preventiva justificada por 6 meses.

Poco después de esta resolución, el caso fue declinado por las autoridades estatales porque los cargos al tratarse de monumentos artísticos deberían ser resueltos por un juez federal, quien menos de un mes después, en diciembre de 2025 y debido a la desacreditación y debilitamiento progresivo de las pruebas iniciales presentadas, los dejó libres.