Ciudad de México.- La Presidencia publicó el 15 de octubre el decreto para proteger a niñas, niños y adolescentes en redes sociales y dio a las plataformas 30 días para cumplirlo. El documento ocupa apenas dos páginas.

Vladimir Chorny, de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales (R3D), resumió que el texto impone obligaciones genéricas y no explica cómo ejecutar ninguna. Como contraste, el acuerdo de Meta con 47 fiscales de Estados Unidos ocupa casi cien páginas.

El decreto ordena verificar la edad de los usuarios. Para identificar a los menores, las plataformas tendrían que revisar también a los adultos, lo que implica entregar más datos personales de todos a las empresas.

Otro punto polémico es la “incitación al odio”, que sin orden judicial podría abarcar la sátira y la crítica política. Además, el decreto no aborda el diseño adictivo ni el perfilamiento de menores. Las plataformas rendirán cuentas solo ante la Agencia de Transformación Digital y el Centro Nacional de Inteligencia, por lo que el público no sabría qué contenido se elimina ni por qué.