Ciudad de México.- El pasado 8 de septiembre, a través del Paquete Económico 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la iniciativa que expide la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. Esta propuesta busca garantizar que cualquier persona en el territorio nacional pueda realizar transacciones y pagos de manera digital de forma ágil, incluyente y segura, según informó el Gobierno de México.

El ordenamiento establece las bases para acelerar la adopción de medios de pago electrónicos tanto en el sector público como en el privado. Entre sus puntos clave destaca la incorporación de la CURP Digital como un mecanismo oficial y confiable para la identificación de las personas usuarias en la contratación de servicios financieros a distancia.

Asimismo, la ley invita a las autoridades de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) a adaptar sus sistemas para aceptar pagos electrónicos en la realización de trámites y servicios ciudadanos. Por su parte, los proveedores de bienes y servicios deberán habilitar la infraestructura necesaria, informar claramente a los clientes sobre las opciones disponibles y garantizar protocolos para solucionar fallas en los sistemas.

Otra de las propuestas otorga la facultad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de determinar qué establecimientos o espacios dejarán de usar efectivo y operarán exclusivamente con pagos digitales.

Para evitar interrupciones en el comercio y los servicios públicos, la iniciativa contempla que, ante cualquier falla técnica o contingencia que impida el cobro electrónico, se mantendrá la opción de realizar pagos en efectivo o mediante cheque.

¿Ya se pone en marcha?

La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 6 de octubre con aproximadamente 330 votos a favor y 122 en contra. Mientras que el 20 de octubre, la Cámara de Senadores avaló la ley con 73 votos a favor y 34 en contra, por lo que se prevé que establecimientos como gasolineras y casetas de peaje sean los primeros en implementarla.

Impulso normativo e inclusión bancaria en el país

A nivel global, este fenómeno responde a una reconfiguración estructural que avanza a pasos acelerados. De acuerdo con el Global Digital Economy Report (2026), publicado por la International Data Center Authority (IDCA), la economía digital ya representa el 17.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial en términos nominales. Esto equivale a más de 20 billones de dólares de una economía global estimada en 119 billones de dólares, lo que refleja cómo las tecnologías de la información han escalado en los sectores productivos clave.

Según la investigación de la IDCA, la participación de la economía digital en los distintos países oscila entre el 3.7 y el 25.4 por ciento de su PIB, clasificando a las naciones en diferentes fases de madurez tecnológica a través de su Digital Readiness Index.

Este diagnóstico enfatiza que la capacidad de despliegue depende de factores como la conectividad, la gobernanza, el capital humano y el suministro energético, destacando que los centros de datos globales consumen actualmente el 1.9 por ciento de la electricidad mundial.

El panorama global y el reto de la brecha digital

Asimismo, la digitalización económica ha dejado de ser una simple opción tecnológica para convertirse en un pilar fundamental del desarrollo social, la competitividad internacional y la arquitectura financiera de las naciones. En el análisis académico “La economía digital y sus implicaciones para las relaciones internacionales”, publicado en la revista Política Internacional (Portal AmeliCA) por la investigadora Olga Stolik, se señala que la economía digital entrelaza servicios globales y trasciende las fronteras tradicionales de la economía, la gobernanza, la cultura y la política.

La autora explica en el reporte que, aunque este modelo no altera necesariamente las relaciones de propiedad, sí transforma radicalmente los modelos de negocio y la eficiencia operativa. No obstante, el estudio advierte sobre la brecha digital persistente entre países desarrollados y emergentes, la cual podría profundizar las desigualdades si no se aborda mediante estrategias integrales que contemplen el marco regulatorio, la infraestructura, los recursos humanos y el ámbito comercial-financiero.