A través de un comunicado, señaló desde enero de 2024 a la fecha, 17 usuarios de la red social han promovido el mismo número de juicios de amparo, en los que se quejan de supuestas violaciones a su libertad de expresión y su derecho de acceso a la información, en virtud de que han sido bloqueados o no están autorizados para adjuntar comentarios a la cuenta.

Indicó que las demandas están radicadas en juzgados federales de la Ciudad de México, Guerrero, Puebla y Jalisco.

Mencionó que a la fecha, 16 de los juicios obtuvieron sentencia definitiva: en 14 casos los órganos jurisdiccionales sobreseyeron los juicios pues no se acreditó afectación alguna a los derechos de los quejosos.

Añadió que en dos asuntos se emitieron resoluciones en las que, los juzgadores se pronunciaron sobre el alcance de la libertad de expresión.

“ En el amparo indirecto 328/2026, la sentencia estableció que el derecho a la libertad de expresión no constituye una prerrogativa absoluta, sino que tiene límites. Comportamientos abusivos no están protegidos por el derecho a la información o la libertad de expresión. El órgano jurisdiccional sostuvo que se justifica que una persona servidora pública limite su comunicación en redes sociales cuando existen a amenazas, injurias, calumnias, coacciones o incitaciones a la violencia, dirigidas tanto a la persona titular de la cuenta, como a otros usuarios”.

En tanto, en la sentencia del juicio de amparo indirecto 297/2026 se estableció que no toda limitación relacionada con la forma en que se ejerce la libertad de expresión produce, por ese solo hecho, un efecto inhibidor constitucionalmente reprochable.

“ El juzgado sostuvo en el caso particular, que la restricción a comentarios, motivo de la demanda, no fue impuesta por compartir una determinada postura ideológica, formular opiniones desfavorables o mantener una posición crítica respecto de la ministra”.

Explicó que el juzgador estimó que no se censuraron o establecieron distinciones basadas en ese tipo de posturas políticas, sino que se limitó el acceso a comentarios, derivado de una conducta abusiva orientada predominantemente a la descalificación personal.

Respecto de la última demanda presentada por supuesta violación a la libertad de expresión por parte de la ministra, aclaró que está se encuentra en revisión ante un Tribunal Colegiado pendiente de sentencia definitiva.