Con esta decisión, emitida en una breve opinión sin firmar, los magistrados fallaron a favor de la Administración del presidente Donald Trump que se oponía a mantener esta práctica que se instauró durante el gobierno del presidente Joe Biden.

​Trump volvió a la Casa Blanca en enero de 2025 anunciando que ya no defendería esta política migratoria de la era Biden que permitía cerrar expedientes para reducir cargas de trabajo en cortes de migración. Texas impugnó después la norma ante un tribunal federal de ese estado.

​El caso de las ciudades con migrantes 

Tres ciudades con una gran población migrante: Baltimore, en Maryland, Columbus, en Ohio, y New Haven, en Connecticut  y un grupo defensor de los derechos de los migrantes intentaron presentaron una demanda para mantener la decisión de Biden.

Los tribunales rechazaron estas solicitudes, lo que hizo que el asunto llegara al Supremo.

Una protección que no estará más 

El cierre administrativo de los procesos de deportación se ha llevado a cabo a lo largo de décadas y, según las estadísticas gubernamentales, se les ha concedido a unos 360 mil migrantes desde 1990.

Desde organizaciones de defensa de derechos humanos sostienen que esta medida que ahora podrá impedirse protegía a algunos migrantes y evitaba deportaciones.