Tegucigalpa.- Los asesinos de policías y jueces serán castigados en Honduras con cadena perpetua, según una serie de reformas aprobadas por el Congreso este martes que también convierten los tatuajes en evidencia para incriminar a pandilleros, informó el Legislativo.

Estas medidas forman parte de la política de mano dura contra el crimen organizado del presidente conservador Nasry Asfura, que emula la guerra antipandillas de su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele.

En Honduras operan las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, a las que se relaciona con el narcotráfico y la alta tasa de homicidios en el país (24 por cada 100 mil habitantes), cuatro veces más que el promedio global.

Tras las reformas aprobadas por mayoría, los asesinos de jueces, fiscales o policías podrán ser sentenciados a prisión perpetua, en lugar de los 30 años que preveía la legislación anterior como máxima condena.

Aunque la reforma fue consensuada para ser aprobada por unanimidad, nueve diputados del partido ex gobernante Libre (izquierda) se abstuvieron de votar en el hemiciclo.

“Según la Corte Suprema de Justicia estas reformas violentan garantías constitucionales y derechos humanos. (Las fuerzas de seguridad) Ya tenían las herramientas legales para poder combatir el crimen organizado, todas estas reformas no eran necesarias”, dijo la diputada Clara López, quien se abstuvo.

También quedan autorizados los allanamientos a inmuebles sin orden judicial, si las autoridades consideran que “en su interior se ocultan miembros” de una pandilla.

Una de las normas más polémicas faculta al Estado a presentar tatuajes “característicos de maras o pandillas” como evidencia del delito de “asociación terrorista”, que conllevará una condena de 30 a 40 años de cárcel.

Un “peritaje” hecho por la policía determinará si un tatuaje es alusivo o no a grupos criminales, de acuerdo con la ley.

Los pandilleros centroamericanos suelen tatuarse los nombres de sus bandas incluso en el rostro.

No obstante, en países como El Salvador organizaciones de derechos humanos denuncian que personas inocentes han sido arrestadas solo por la sospecha que despiertan sus grabados, aun cuando no aludan a bandas criminales.

El gobierno de Asfura, aliado del presidente estadunidense Donald Trump, ha endurecido la legislación para enfrentar al crimen organizado, lo que incluye la declaratoria de las pandillas como grupos terroristas, el aislamiento de presos y la eliminación de medidas sustitutivas de la prisión para criminales.