Estados Unidos.- Un juez federal de Estados Unidos sentenció a 12 años de prisión a Wenshen Xu, ciudadano chino de 52 años, tras hallarlo culpable de lavar dinero procedente del narcotráfico y brindar apoyo a operaciones vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además de la pena de cárcel, Xu deberá cumplir cinco años de libertad supervisada una vez que sea liberado y pagar una multa de 22 millones de dólares.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Wenshen Xu, quien residía en Honduras, utilizó una amplia red logística en América Latina para facilitar el traslado de cargamentos de cocaína hacia territorio estadounidense.

Las investigaciones identificaron una estructura integrada por pistas de aterrizaje, aeropuertos, vehículos blindados, mensajeros y diversos colaboradores que participaban en las operaciones de tráfico de drogas y movimiento de dinero.

Las autoridades estadounidenses atribuyen a Xu y a sus asociados el tráfico de al menos 450 kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos.

Asimismo, la organización habría lavado más de 22 millones de dólares derivados de la venta de narcóticos.

De acuerdo con la investigación, la red empleaba diversos mecanismos para ocultar el origen ilícito de los recursos, incluidos movimientos mediante criptomonedas, operaciones comerciales y plataformas de comunicación encriptadas.

Wenshen Xu fue arrestado el 17 de julio del año pasado en Guatemala, donde presuntamente coordinó el envío de un cargamento de cocaína desde Cali, Colombia.

Según los expedientes judiciales, durante esas operaciones afirmó actuar en representación de una persona vinculada al CJNG.

Posteriormente fue extraditado a Estados Unidos el 30 de enero para enfrentar los cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.

El Departamento de Justicia señaló que el caso representa un golpe a las estructuras financieras utilizadas por organizaciones criminales transnacionales para mover recursos obtenidos mediante actividades ilícitas.

La sentencia contempla tanto la pena de prisión como la recuperación económica mediante el pago de los 22 millones de dólares que las autoridades relacionan con las ganancias obtenidas por la organización.