Ciudad de México.— En el marco del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC, el gobierno de Estados Unidos emitió dos acciones distintas este lunes: una investigación con suspensión de aranceles aduaneros contra la empresa Madobox, en Uruapan, Michoacán, y un acuerdo correctivo con Industrias Tecnos, en Cuernavaca, Morelos.

De acuerdo con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), ambos procedimientos responden a denuncias sobre posibles afectaciones a los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva.

Investigan a Madobox por prácticas antisindicales

La primera medida se originó tras una petición presentada el pasado 30 de septiembre por el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de la Industria del Comercio, Alimenticia, Textil, Automotriz, Metalúrgica, Servicios y Distribución “Generalísimo José María Morelos y Pavón” (Cocena).

La organización gremial acusó a Madobox —firma dedicada a la fabricación de cajas para uso comercial— de interferir en la actividad sindical mediante la simulación de un contrato colectivo sin participación de los trabajadores, coacción, desinformación y el despido injustificado de personal.

Tras determinar que existían elementos creíbles, el Comité Interinstitucional de Trabajo de Estados Unidos solicitó formalmente la revisión a México y ordenó suspender la liquidación de las importaciones pendientes procedentes de la planta michoacana, una medida que frena temporalmente los trámites aduaneros sin implicar un bloqueo definitivo.

Conforme al tratado, México cuenta con un plazo de diez días para aceptar la indagatoria y, de hacerlo, dispondrá de 45 días a partir de este 2 de noviembre para concluir las pesquisas y determinar si se vulneraron los derechos laborales.

Plan de remediación en Industrias Tecnos

En un segundo frente bajo el T-MEC, Washington y México pactaron un memorando de entendimiento para corregir violaciones a la legislación laboral en Industrias Tecnos, planta dedicada a la fabricación de municiones ubicada en Morelos.

El acuerdo contempla medidas de reparación que incluyen el pago de salarios y prestaciones caídas a trabajadores despedidos ilegalmente, así como la implementación de una estricta política de neutralidad sindical y tolerancia cero ante infracciones.

Asimismo, la compañía deberá establecer mecanismos de denuncia confidenciales y anónimos, y garantizar capacitación presencial obligatoria tanto para la base trabajadora como para supervisores, personal de recursos humanos y directivos. Por su parte, el gobierno mexicano asumió el compromiso de supervisar puntualmente el cumplimiento de estas disposiciones en la planta.