Saltillo, Coah.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que indaga a siete empresas, 83 personas y 89 vínculos entre ellas, como parte de la investigación por presuntos actos de corrupción de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, y el empresario José Alfredo Hernández Casillas.

En el centro de la investigación están Cajas Graf y Corporativo ZEG. A partir de estas dos compañías, que han proveído material electoral al INE, se desprenden vínculos con Formas Finas y Materiales, TOL Producciones y Seriplast México, con las que comparten socios, administradores, representantes o delegados.

Fuera de esta red, pero dentro de la investigación, la ASF ubicó a Corona J.E. y Comercializadora JVLY.

Sobre esta última empresa, la ASF ya señaló, en la revisión de la Cuenta Pública 2024, un presunto daño al erario por 63.2 millones de pesos, debido a que aparentemente no cumplió con los servicios para los que fue contratada por el INE.

Extendida

Las investigaciones de oficio sobre irregularidades en contrataciones serán para todos los OPLE, incluyendo al Instituto Electoral de Coahuila, realizando un estudio histórico de adquisiciones del 2000 al 2025.

Sin señalar ningún caso en específico, la ASF indica que llevará a cabo tres principales líneas de trabajo que ya se encuentran en desarrollo, la primera de ellas es una investigación de oficio sobre diversas irregularidades en las contrataciones públicas de todos los OPLE del país, así como del Instituto Nacional Electoral y del desaparecido Instituto Federal Electoral.

También realizará un histórico de las adquisiciones del IFE, INE y todos los OPLE, incluido el IEC, para identificar y dar a conocer patrones de contrataciones, concentración de proveedores y prácticas ilegales en el ejercicio de los recursos públicos por parte de los grupos empresariales y/o servidores públicos.

Además, el INE denunciará a Guadalupe Taddei, exfuncionarios y proveedores, así como a quienes resulten responsables, por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones.

El documento, que sigue en análisis por las 10 consejerías, demanda investigar posibles irregularidades en procedimientos de contratación, prestación de servicios, asignación de recursos y operaciones económicas en el instituto.

Con información de Jesús Castro, Agencia Reforma y El Universal