Asunción, Paraguay.- La Fiscalía de Paraguay imputó el sábado al expresidente Santiago Peña y solicitó la prisión preventiva por su presunta responsabilidad en una crisis bancaria que afecta a la población y que llevó a su mitad destitución en medio de masivas protestas de ahorristas.

Peña fue indagado en la Fiscalía General en Asunción, en donde permaneció por cerca de tres horas. Tras el anuncio de la imputación el Ministerio Público informó que ya se había retirado del recinto, pero no especificó a dónde fue trasladado.

Los hechos punibles son “lesión de confianza y administración en provecho propio”, refirió en una rueda de prensa la fiscal Nancy Salomón.

“ Queremos verle preso al responsable de esta desgracia. ¡Cárcel para Peña!”, dijo a la AFP Macarena Chilavert, una abogada de 33 años, en las inmediaciones de la Fiscalía mientras Peña declaraba.

Peña pasó la noche bajo custodia en el Regimiento Escolta Presidencial, después de ser retirado de su residencia, frente a la cual manifestantes exigían que fuera enviado a una cárcel común.

Leila Cosini, una estudiante de 28 años que se encontraba cerca de la Fiscalía mientras Peña declaraba, dijo estar ansiosa y preocupada por el futuro de sus depósitos: “Perdí mi dinero. Estaba poniendo ahí justamente porque había una facilidad de abrir una cuenta”, señaló.

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva y la inhibición de bienes para Peña y para el expresidente del Banco Central paraguayo (BCP) Carlos Carvallo, imputado por los mismos cargos que el exmandatario además del delito de producción de documentos públicos falsos.

Carvallo, se encuentra en la sede judicial para ser indagado por la tarde.

Sin acceso a depósitos

La crisis estalló el 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay intervino al Ueno Bank por problemas de solvencia y dejó a millones de clientes sin acceso a sus depósitos.

La fiscalía señaló que “entre los años 2023 y 2026, UENO BANK SA habría recibido depósitos y colocaciones provenientes de entidades públicas y previsionales” a la vez “habría estado otorgando créditos a sociedades vinculadas al grupo económico de la entidad bancaria de forma irregular”, según el acta de imputación a la que accedió la AFP.

Peña, un economista de 47 años, tuvo hasta 2025 acciones en Ueno Holding, ente que controlaba el banco que funcionaba como tal desde 2023.

Carvallo había presidido Ueno antes de asumir al frente del Banco Central en 2023, cargo que ocupó hasta el miércoles.

La crisis del Ueno Bank afecta directamente a casi tres millones de cuentas que abarcan desde pensionados, empresas públicas y privadas y hasta la propia Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

La medida de intervención del banco provocó fuertes protestas en las calles que fueron repelidas por la policía con camiones hidrantes y gases lacrimógenos.

Peña, del Partido Colorado (conservador), fue arrestado el viernes en su residencia de Asunción menos de una hora después de haber sido destituido en un acelerado juicio político en el Senado, luego de que los legisladores no aceptaran su renuncia a que le hubiera asegurado fueros.

En paralelo, el hasta ayer vicepresidente Pedro Alliana, del mismo partido que Peña, comenzó este sábado su primera jornada completa como presidente, con la atención puesta en la respuesta de su gobierno al colapso bancario que precipitó la caída de su antecesor.

“Descalabro financiero”

Tras asumir, Alliana prometió que los afectados por el “descalabro financiero” serán compensados ​​y ordenados prioridad para los ahorristas de menores recursos.

Alliana, de 52 años, deberá completar el mandato presidencial hasta agosto de 2028.

El mandatario informó el sábado que ya se realizaron pagos a 1.196.000 cuentas por un monto equivalente a unos 160 millones de dólares.

“ También garantizamos el pago de haberes y aguinaldos a la totalidad de los jubilados del (instituto de seguridad social) IPS”, comunicó en X.

El Banco Central difundió una lista de entidades bancarias que estarán abiertas durante el fin de semana y afirmó que ya se le devolvieron depósitos a “más del 50%” de los ahorristas afectados.

La destitución presidencial tiene antecedentes en Paraguay. En 2012, el Senado destituyó al presidente izquierdista Fernando Lugo por “mal desempeño de sus funciones”.